El defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, recurrirá a la Justicia para que se declare inconstitucional el cambio en el cálculo de las jubilaciones y pensiones implementado por el Gobierno de Alberto Fernández.
La Defensoría de la Tercera Edad implementará esta semana una acción colectiva para frenar la suspensión de la Movilidad Jubilatoria, por considerar que "vulnera derechos adquiridos" y tiene la intención de "pagarle menos a los jubilados". La medida podría disparar otra ola de demandas contra el Estado, según advierten especialistas y referentes de la oposición.
Asimismo, Semino dijo este lunes a radio Rivadavia que con la decisión del Gobierno "perdieron todos los jubilados, aún lo de la mínima, porque este tipo de problema lo que hace es romper la proporcionalidad de la equidad del sistema previsional. Y a partir de esa distorsión, se va generando un enorme negocio del juicio, por parte del propio Estado".
Alrededor de 2,5 millones de jubilados y pensionados estarían en condiciones de iniciar demandas, según estimaciones realizadas por sectores técnicos de Juntos por el Cambio, que estima que la mitad de quienes perciben haberes está siendo afectado por la medida.
Por su parte, el Gobierno sostiene que sólo el 27% percibirá menos haciendo esa comparación, y recuerda que la medida es "temporal".
En el caso del haber mínimo, el ingreso mensual pasará de $14.067,93 a $15.891. El haber máximo, en tanto, pasará de $103.064,23 a $106.934,71, lo que significa un alza de solo 3,75%.
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