César Martín Pucheta
Luego del receso de enero, la Legislatura de Córdoba volvió a la actividad en la tarde del miércoles, luego de la reapertura de sesiones ordinarias que el gobernador Juan Schiaretti encabezó el pasado sábado.
Dentro del temario de asuntos tratados, se destaca la aprobación por unanimidad del proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en barrio Comercial de la ciudad de Córdoba. Se trata de más de 2,4 héctareas que serán destinadas a vecinos integrantes de la Cooperativa Felipe Varela, quienes podrán acceder a la regularización de dominio de los terrenos que hoy habitan. El proyecto aprobado prevé, además, la realización de obras de infraestructura básica que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de las aproximadamente setenta familias de escasos recursos que residen en el sector.
En la previa, el pleno legislativo había votado aprobar el veto parcial que el Poder Ejecutivo había establecido sobre la ley que alcanza al funcionamiento del Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas; requiriendo autorización para la publicación de la parte no vetada. El objetivo de la aprobación fue mantener un conjunto de potestades que guarda para sí el Poder Ejecutivo para luego, a través de la autoridad de aplicación, delegar a quien corresponda para que se ejecuten las acciones específicas de acuerdo a las necesidades concretas.
Por otra parte, se expresó el beneplácito por la realización, un año más, del Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia. La 33ª edición de este acontecimiento festivo se llevará a cabo del 5 al 9 de febrero, en la capital del departamento Santa María.
De igual modo, el cuerpo legislativo aprobó también el beneplácito por la sanción de la Ley Nacional que establece la educación sobre el folklore como bien cultural nacional en todos los establecimientos educativos públicos.
Volviendo a la carga con un proyecto que había sido presentado originalmente en el año 2018, la bancada de Encuentro Vecinal Córdoba intentó este miércoles volver a discutir la sanción de una Ley de Emergencia Económica en la Administración Pública Provincial para funcionarios. Se trata de una normativa por el medio de la cual Aurelio García Elorrio plantea reducir un 30% los salarios de los funcionarios y un 60% el gasto en publicidad. Según sus propias palabras, “eso significaría un ahorro de 857 millones de pesos en el Presupuesto lo que permitiría destinar el doble los pautado hacia programas sociales de la provincia”. Según lo dicho por el legislador en la sesión, el tratamiento de la norma no debe enfocarse en “discutir si la provincia está bien o está mal” sino en darle “un mínimo gesto a la gente que nos sentó acá, en estas bancas”. El pedido de tratamiento sobre tablas fue rechazado por la mayoría.
En la sesión del miércoles también se expresaron en el recito dos de las preocupaciones que por estas horas concentran la atención en los diferentes actores políticos de la provincia y del país.
Con un enérgico discurso que contuvo grandes críticas a la gestión kirchnerista, la legisladora de la Coalición Cívica, Cecilia Irazusta, buscó que el pleno legislativo exprese su pesar por la muerte del Juez Federal Claudio Bonadio, acontecida en la mañana del martes. Para hacerlo, defendió el accionar del juez a quien identificó como uno de los baluartes de la lucha contra la corrupción en la Argentina. El schiarettismo no quiso entrar en ese juego y se opuso a la iniciativa.
Por parte de la izquierda, la preocupación estaba puesto en otro lugar. Como es de público conocimiento, los trabajadores de Molinos Minetti hace más de seis meses que están peleando por su reincorporación a la empresa y la puesta en funcionamiento de la misma para poder mantener cerca de 150 puestos de trabajo. La legisladora Soledad Díaz García intentó que en la sesión del miércoles los legisladores se manifestarán en contra del desalojo que, según entiende, sufrieron los trabajadores que mantenían tomada la planta hasta la jornada del martes. De esa manera la izquierda buscaba dejar sentado un llamado de atención ante la necesidad de avanzar con una solución que, en su propuesta, debería ser la de la expropiación de la planta y la declaración de utilidad pública de una empresa que se dedica a algo tan importante como la producción de harina. El proyecto también fue rechazado.
