Luis Arce, el candidato del partido del ex presidente Evo Morales a las presidenciales de mayo, regresó este martes a Bolivia para hacer campaña y apenas aterrizó fue citado a declarar por un caso de presunta corrupción, en medio de denuncias de persecución política en su contra por parte del gobierno interino que reemplazó a Morales tras su derrocamiento.
Arce, del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció ayer desde Buenos Aires su regreso a Bolivia, de donde huyó en noviembre tras un pronunciamiento militar que obligó a Morales a renunciar al cargo de presidente y viajar a México y luego a Argentina, donde se encuentra como refugiado político.
El ex ministro de Economía de Morales, de 56 años, llegó al aeropuerto internacional de El Alto, localidad vecina a La Paz, donde fue ovacionado por numerosos simpatizantes y saludó "la espontánea concentración del pueblo paceño para recibir al candidato y futuro presidente de Bolivia", según escribió Morales en Twitter.
Entre quienes le dieron la bienvenida a La Paz se encontraba su compañero de fórmula, el ex canciller David Choquehuanca.
Arce tiene previsto reunirse en las próximas horas con la dirección nacional del MAS, así como con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines, informó el diputado del MAS Henry Cabrera, citado por la agencia de noticias DPA.
Arce ha denunciado que "las condiciones en este momento no son las mejores para realizar una campaña electoral" porque los dirigentes del MAS están siendo "perseguidos y amedrentados" de cara a los comicios del 3 de mayo.
El propio Arce está siendo investigado por un presunto fraude cometido por un ya desaparecido fondo de desarrollo de comunidades indígenas y campesinas (Fondioc) que habría registrado como aprobados y ejecutados cientos de proyectos que nunca se materializaron.
Arce está acusado debido a que, como ministro de Economía, formaba parte del Directorio del Fondioc y no habría realizado los controles respectivos a los proyectos. La campaña del MAS dijo que la citación a declarar se enmarca en una campaña de "persecución política".
