Elizabeth Gómez Alcorta y Daniel Arroyo mantuvieron un encuentro en la tarde del lunes en el que dialogaron sobre la necesidad de abordar las acciones destinadas a luchar contra el hambre con perspectiva de género y llevar adelante un monitoreo de la situación de las mujeres en particular para que el diseño de las distintas políticas públicas atienda sus necesidades y demandas.
Las mujeres son las más afectadas por la pobreza y son las que en su mayoría atienden a los niños, niñas y adolescentes en un país en el que la mitad de los menores de 16 años se encuentra en situación de vulnerabilidad. En la reunión la ministra también solicitó a Arroyo que se garantice en su cartera el cupo trans.
“El problema del hambre perjudica especialmente a las mujeres, no sólo porque son ellas las más afectadas por los índices de pobreza sino también porque en general son las encargadas de los cuidados de las niñas, niños y adolescentes. Casi un cuarto de los hogares son monoparentales, o más bien monomaternales, porque el 83% de ellos tiene como principal sostén a una mujer. Son ellas además las que tienen los trabajos más precarizados y peor remunerados y el 75% del trabajo no remunerado en el país también lo hacen las mujeres”, señaló Gómez Alcorta.
La ministra también destacó la decisión del gobierno de implementar la tarjeta de manera automática ya que generalmente además de todas las tareas que recaen en las mujeres, son ellas las que tienen que gestionar los planes.
Arroyo, por su parte, señaló que “en la Argentina la pobreza tiene cara de joven y de mujer. Son quienes están en la situación más crítica”. El ministro recordó que el desempleo afecta a los jóvenes, y a las mujeres jóvenes. De acuerdos a los datos del Indec, el desempleo subió al 10,6% en el segundo trimestre del 2019; y la franja más afectada es la de mujeres de 14 a 29 años, entre las que el nivel de desocupación llega al 23,4%.
A pesar que todavía no está sancionada la Ley de Cupo Laboral Trans que busca establecer que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis y trans, Gómez Alcorta dialogó con Arroyo sobre la necesidad de garantizar esa proporción de trabajadores en el Estado. La ministra recordó que según las últimas investigaciones del año 2017 sólo el 12% de las personas travestis y trans accedieron a un empleo formal.
“Es nuestra obligación trabajar para garantizar los derechos de poblaciones que históricamente fueron estigmatizadas, violentadas y perseguidas por su identidad o expresión de género”, expresó la ministra.
