El 25 de agosto será el primer aniversario de la histórica sentencia de la megacausa La Perla-La Ribera, que condenó a 43 represores por delitos de lesa humanidad. Para los organismos de DDHH la lucha continúa ante la desaparición de Santiago Maldonado.
Córdoba 23/08/2017 Agostina Parisí
“El juicio terminó, la lucha continúa”, fue la consigna con la que los organismos de derechos humanos celebraron la sentencia del juicio La Perla, que tuvo lugar el 25 de agosto de 2016 en Tribunales Federales, luego de cuatro años de audiencias.
Aquel mediodía caluroso en la ciudad de Córdoba se congregaron en la cuadra del edificio más de veinte mil personas que festejaron una a una las 43 condenas que el tribunal federal dictó a los represores, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez.
Dos de las mujeres referentes en Córdoba en la lucha por los derechos humanos hablaron emocionadas frente al público, desde un escenario donde a través de una pantalla gigante los cordobeses vieron en vivo y en directo lo que ocurría en el recinto.
“Son ustedes los jóvenes los que nos permiten salir adelante, gracias”, dijo a la multitud Emilia Villares D’Ambra, de Familiares por Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba. También Sonia Torres habló emocionada: “Hija, hice la mitad de la tarea, ahora me falta encontrar al nieto”. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba hizo alusión a su hija desaparecida y asesinada por el terrorismo de Estado que tuvo un bebé en cautiverio.
El 25 de agosto de 2016 quedó grabado como una de las postales en la lucha por los derechos humanos. A un año de aquel acontecimiento que repercutió en medios nacionales e internacionales, los organismos de derechos humanos de Córdoba se manifiestan en alerta. El 25 de agosto de este año se llevará adelante un festival en la explanada de Tribunales Federales, donde las organizaciones presentarán un documento y reclamarán la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven de 28 años desaparecido el 1° de agosto durante la represión de Gendarmería nacional en Chubut a la comunidad mapuche.
“La sentencia del juicio La Perla no fue el final de nuestra lucha”, dice Gustavo Tissera, secretario ejecutivo de Familiares y miembro de la Mesa de Trabajo por los DDHH. “Esto continúa, y desgraciadamente estamos en momentos muy críticos donde volvimos a tener presos políticos en el país y un desaparecido en plena democracia”, explica en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.
El caso de Santiago Maldonado generó una alarma hacia adentro de las organizaciones y en Córdoba se llevaron adelante marchas para pedirle al Estado argentino y a Gendarmería que responda sobre su paradero. “Fue una desaparición forzada y denunciamos a la Gendarmería y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que en vez de investigar y hacer que pare el sufrimiento de la familia, desvía la atención hacia otros lugares”.
Para Tissera la conmemoración del juicio La Perla tiene un lado festivo pero también de denuncia. “Necesitamos decir que estamos en pie de lucha, y que no vamos a permitir que esto siga sucediendo”.
Unos meses después de la sentencia del juicio La Perla, la sociedad volvió a marchar hacia la misma cuadra de Tribunales Federales. Fue el 10 de mayo, cuando miles de personas se movilizaron en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó el cómputo 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad. El juez Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que condenó a los 43 represores de La Perla se refirió a ese episodio como “paradójico”: primero se celebró una reparación del Estado en materia de derechos humanos, y en la marcha contra el 2x1 se pidió a la Justicia que no libere a los condenados.
“Cuando intentaron implementar el 2x1 el toro salió a la calle y en Córdoba más de veinte mil personas dijeron ‘No’. Hoy ese capital de movilización es clave para que el Nunca Más se cumpla de manera definitiva”, dice Tissera. “Este es un año atípico en nuestro país, llevábamos muchos años sin represión y menos desapariciones forzadas, y ahora la situación ha empeorado terriblemente”.
En la actividad de este 25 de agosto por el aniversario de la sentencia también habrá música y bandas invitadas. “Cuando empezamos a organizar este festival no había desaparecidos. Y eso hizo que hoy tome otro carácter esta actividad, es el carácter de que el Nunca Más se cumpla”.
El pedido de los organismos de derechos humanos a la Justicia es –indica– “que siga actuando como todos estos años con el juzgamiento a los genocidas y a la complicidad civil, que no sea arbitraria ni cómplice y que cumpla con su deber”.
Para el abogado Claudio Orosz, la reacción de la sociedad contra el polémico fallo de la Corte Suprema fue un elemento a reivindicar. “Fue una reacción pluripartidaria contra el 2x1 que la Justicia quiso imponer a los genocidas para que terminen sus condenas lo más rápido posible. Y eso demuestra un espíritu que también hizo que el año pasado tuviéramos una sentencia masiva en el sentido de la presencia en la calle y el festejo”, dice.
A un año de la sentencia, la lectura es de alerta. “Están ocurriendo situaciones gravísimas. Hoy tenemos un desaparecido como es Santiago Maldonado. Hay políticas de seguridad que claramente se basan en la represión, en la mano dura, y un sector político y social que es claramente excluidor, racista, antipopular”, expresa.
“Los derechos humanos son estándares mínimos que la sociedad consiguió después de mucha sangre, y tienen que ser defendidos más allá de lo que diga la Corte Suprema o integrantes del Gobierno”, agrega.
El fiscal Facundo Trotta llevó adelante la acusación durante los cuatro años de audiencias, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Un año después del histórico veredicto, su mirada sobre los derechos humanos apunta a que hay, luego de muchos años, “una maduración social para no dar marcha atrás”.
“La sentencia del juicio La Perla va a servir para la posteridad. Argentina es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado democrático somete a los responsables de crímenes de lesa humanidad a estos juicios. Y La Perla en especial tuvo la particularidad de haber juzgado un momento histórico muy amplio, desde 1975 a 1978, antes y después del golpe”, dice en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.
“Hoy hay medidas que pareciera que no están focalizadas en profundizar los procesos de Memoria, Verdad y Justicia, y el termómetro de esto son los reclamos de los organismos de derechos humanos. Pero también hay un compromiso ciudadano sobre este tema que está interiorizado en la sociedad”, agrega.
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