La presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país suramericano, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".
En un acto en la sede del gobierno boliviano, la mandataria firmó el llamado "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales".
"Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido porque este es el principal objeto de mi gobierno: nuevas elecciones en el menor tiempo posible", dijo Áñez durante la ceremonia, a la vez que manifestó el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".
La nueva normativa fue aprobada por el Congreso, tras una negociación que involucró a la iglesia católica local, Naciones Unidas y la Unión Europea, anula las pasadas elecciones del 20 de octubre.
En esta ley se estableció que no se permitirá la postulación del líder Evo Morales, ganador con el 47% de los votos en dichas elecciones y derrocado tres semanas después tras la violencia del golpe de Estado.
La aprobación del proyecto de ley para la convocatoria a nuevos comicios reconoce la participación de todas las organizaciones políticas, aunque imposibilita la candidatura de quienes hubieran sido reelectos en dos períodos constitucionales anteriores, señala el sitio de noticias TeleSur.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene como plazo máximo 20 días para elegir a nuevos vocales, de cara a fijar para 2020 una fecha para los comicios generales en la nación suramericana.
La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales establece un plazo máximo de 120 días para los comicios, una vez que sea aprobado el calendario por parte del Tribunal Supremo Electoral.
La promulgación se produce horas después de que la mesa de diálogo entre dirigentes políticos, organizaciones sociales y legisladores haya consensuado un proyecto de ley para brindar garantías de seguridad y derechos políticos.
Además, la mesa de diálogo pactó renegociar el Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad en su intervención contra las protestas contra y también acordaron garantizar que un eventual procesamiento de dignatarios se haga por la vía constitucional y legal.
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