Este miércoles se aprobó el programa que otorga beneficios a productores que garanticen un uso responsable de los recursos en el marco de la producción agropecuaria.
Política 17/10/2019
César Martín Pucheta
Con el voto de casi todos los bloques parlamentarios, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la Ley 28990 del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, que instala a Córdoba como pionera en una propuesta que no tiene antecedentes, al menos en el país, y a través de la cual busca producir cuidando los recursos e incentivando a los productores a trabajar lo mejor posible.
El principal objetivo de este Programa es la instalación de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) en el territorio de la Provincia como una política agroalimentaria que contribuya al desarrollo sostenible, promoviendo su adopción por parte de los productores agropecuarios, instrumentando, para ello, un sistema de incentivos.
El encargado de presentar la propuesta fue Gustavo Eslava, que la definió como una norma que viene a garantizar “el futuro de la sustentabilidad de la producción agropecuaria de la provincia de Córdoba”. Según el legislador de Unión por Córdoba, la norma está dirigida a “todo el tipo de producciones que se trabajan en el campo” y “destinada a todos, independientemente de la tenencia de la tierra”.
Eslava, destacó también que se trata de “una ley de ingreso voluntario y responsable” y que la misma representa la “decisión política de poner recursos para premiar las buenas acciones”.
Según se establece en la norma, las BPAs son “el conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal involucrado, con el fin de propender al Desarrollo Sostenible”.
El sistema aprobado está compuesto por dos aportes económicos no reintegrables: uno dirigido a todos los productores agropecuarios que desarrollen actividades productivas y, el otro; a instituciones, entidades y organizaciones que colaboren y participen en la implementación, difusión, ejecución, promoción y desarrollo del Programa.
El radical Víctor Lino, al hacer uso de la palabra, elogió los alcances y las características de la norma y destacó que, así como “la ciudadanía puso al interbloque de Cambiemos para ejercer el rol de oposición, es necesario realizar el control y estar atento a lo que se propone desde el oficialismo”. Tras la aclaración, Lino consideró que la ley es una norma “de avanzada” y oficializó el acompañamiento a la iniciativa.
Los únicos legisladores que rechazaron la aprobación de la ley fueron Laura Vilches, Eduardo Salas y Ezequiel Peressini. Este último, al hacer uso de la palabra arrojó fuertes críticas contra la norma que, según definió es “la máscara de cordero con la que van disfrazar al lobo”. "Van a transformar en ley un programa que hace 3 años que funciona, y por medio de la cual el gobierno le entrega diplomas de buenas prácticas agropecuarias a productores que fumigan escuelas", advirtió. “Tenga cuidado con lo que van a votar porque de la complicidad por omisión a la complicidad por acción hay un paso y ustedes están a punto de darlo”, señaló el legislador del Frente de Izquierda ante el murmullo de la sala.
Tras volver a insistir con cuestionamientos al sistema productivo de la provincia, Peressini cuestionó la forma en que se discutió la ley, ya que según sus palabras “sólo fueron invitados a discutir los beneficiarios y no los perjudicados”. Además, en coincidencia con los otros dos legisladores que se opusieron, cuestionó el espíritu de la misma al preguntarse: “Por qué hay que premiar a los que hacen lo que tienen que hacer”. “Van a reintegrar gastos para seguir beneficiando siempre al mismo sector”. En esa línea, Laura Vilches señaló que, con la norma se decidía “premiar a los mismos que destruyeron el ambiente durante los últimos 20 años”.
Los argumentos que despertaron algunos aplausos entre los presentes fueron retrucados por el legislador de Córdoba Podemos, Martín Fresneda. “A mí me gustaría saber si son capaces de decirle todas estas barbaridades a un productor de Las Oscuras que está viviendo gracias a estas BPAs” dijo al comenzar su intervención que se encargó de cruzar fuertemente a los legisladores que lo habían antecedido en el uso de la palabra.
“Hay que saber convivir y esa convivencia tiene que ver con los diferentes modelos productivos. Existe el agronegocio pero también existe la agricultura familiar” señaló Fresneda, quien destacó que la ley se asienta sobre los cinco ejes de desarrollo sustentable de Naciones Unidas y felicitó al Ministro Sergio Busso por “al menos intentar cambiar el paradigma de las estrategias productivas de la provincia”.
“Estamos ante la posibilidad histórica de generar una política de Estado que eduque y le estamos pidiendo un esfuerzo a los productores para que empiecen a modificar sus prácticas”, destacó el presidente de la bancada de Córdoba Podemos que también pidió “abordar este tipo de leyes con la actitud de unión nacional, para poder encontrar soluciones desde el consenso”.
Los duros cuestionamientos a la izquierda fueron replicados por Salas y Vilches, que catalogó a Fresneda como “la cobertura por izquierda de Unión por Córdoba que es, por antonomasia, el modelo de sojización”.
Antes del cruce, la legisladora Vilma Chiapello había pedido por un mayor control en el uso de los agroquímicos. Dijo que, en la actualidad se usan “107 plaguicidas en Argentina, prohibidos en el resto del mundo”. “Si no nos sinceramos el paradigma de los agroquímicos, las semillas seguirán avanzando sobre la agroecología”, señaló Chiapello en una intervención que antecedió las denuncias que, al respecto, concentró la parte central de las exposiciones de los legisladores de la izquierda.
Según se establece en la norma, que fue aprobada con 50 votos positivos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería será la Autoridad de Aplicación. Además, se dispone la creación del Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba, cuya administración y disposición será de exclusiva competencia y responsabilidad de esa caretra ministerial.
El encargado de cerrar el debate fue el jefe de bloque del oficialismo, Carlos Gutiérrez, que uso una buena parte de su tiempo para destacar que la aprobación “se explica por una cultura del trabajo conjunto; que es la sumatoria de partes, pero, más que eso, es la puesta en práctica de la cualidad del diálogo en nuestra provincia”. “Esta ley es el resultado de los circuitos virtuosos que somos capaces de construir cuando ponemos en marcha esa cultura”, señaló Gutiérrez.
En el recinto, estaban presentes el Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso; el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle; el Ministro de Ciencia y Tecnología, Walter Robledo; el Presidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Mario Cuneo y el Secretario de Agricultura de Santa Fe, Juan Manuel Medina. Además, se sumaron a la sesión, los representantes de las 50 entidades del sector productivo que integran el denominado Consejo Consultivo de Buenas Prácticas Agropecuarias; docentes y alumnos de colegios que este año validaron prácticas en el Programa y resultaron beneficiarios del mismo; profesionales y dirigentes provinciales y nacionales de organismos y gremios de diferentes sectores relacionados con la producción agropecuaria.
Convenios con el Indec
Más adelante, el Pleno Legislativo aprobó el Decreto 894/19, Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica para la realización de la “Muestra Maestra Urbana de Viviendas de la República Argentina 2019 (MMUVRA 2019)” y el “Archivo de Domicilios de la República Argentina — Etapa 2019 (ADRA — Etapa 2019)”, firmado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Dicho Convenio tiene por objeto establecer la colaboración y coordinación técnica necesaria para llevar a cabo las acciones y organizar los medios y recursos para la implementación y ejecución en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba de la Muestra Maestra Urbana de Vivienda de la República Argentina 2019 y el Archivo de Domicilios de la República Argentina.
Propuestas de Nicolás, a comisón
Sobre el final de la jornada, los legisladores rechazaron el tratamiento de dos proyectos de declaración presentados por el radical Miguel Nicolás, que volvieron a comisión.
El primero tenía que ver con la “preocupación por los niveles de pobreza en la provincia”. “A mí me llama la atención porque hace poco se trató lo que representa la situación a nivel nacional y todos firmaron los despachos”, chicaneó el histórico dirigente radical, quien acusó al bloque oficialista que, según sus palabras, “ven el hambre en Macri pero no lo ven desde hace 20 años en esta Provincia de Córdoba”.
El otro proyecto pedía la intervención del Gobernador “en la situación de propietarios de planes de vivienda en el IPV Camino a 60 cuadras, imposibilitados de regularizar su plan de pago por el incremento de los intereses sobre las cuotas atrasadas”.
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