La “causa de los magistrados” investiga la complicidad de cuatro ex funcionarios de la Justicia Federal cordobesa con el terrorismo de Estado. Es el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba y el primero que sienta en el banquillo de acusados a ex jueces y fiscales.
Córdoba08/08/2017 Agostina Parisí
La madrugada del 15 de agosto de 1975 Luis Miguel Baronetto descansaba en su hogar junto a su esposa Marta Juana González, cuando un grupo civil armado ingresó a la vivienda a los empujones. El matrimonio vivía en barrio Villa Libertador. Fueron arrastrados hacia dos autos distintos, desde donde los encapucharon y trasladaron hasta el Departamento de Informaciones de la Policía, donde hoy funciona el Archivo Provincial de la Memoria.
La pareja fue acusada por su militancia política y social. Durante algunos días ninguno de los dos pudo ver la luz del sol, salvo al momento en que les retiraban las vendas de los ojos para hacerles la “mojarrita”: introducirles la cabeza en tachos con agua mientras torturaban sus cuerpos.
“Los golpes son tantos que el cuerpo es como una bolsa de papas que ya no siente nada”, relató Baronetto ante el Tribunal Oral Federal N° 2, en la audiencia del martes pasado.
La Justicia Federal de Córdoba volvió a escuchar uno de los miles de crímenes por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Esta vez fue en el marco de la denominada “causa de los magistrados”, que investiga por primera vez la complicidad civil.
Los imputados de este juicio son el ex juez federal N° 2 Miguel Ángel Puga, el ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex defensor oficial Ricardo Haro y Carlos Otero Álvarez, ex secretario penal del juez federal N° 1 Adolfo Zamboni Ledesma, ya fallecido.
Están acusados de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento contra 75 víctimas. El juicio comenzó el 25 de julio.
Luego de días de tortura y amenazas de muerte el matrimonio de Baronetto y González fue trasladado a la ex cárcel de barrio San Martín. La pareja declaró ante el Juzgado n° 1 a cargo de Zamboni Ledesma y su secretario Otero Álvarez, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. En esa y en otras ocasiones denunciaron las torturas y respondieron a las preguntas de los funcionarios judiciales, sin obtener respuestas.
“El secretario –Otero Álvarez, imputado del juicio– nunca le mostró al juez las torturas que también estaba en el expediente. Hubo más bien un fin persecutorio hacia quienes no compartíamos una mirada distinta de la sociedad”, dijo Baronetto. Es sólo una parte de lo que este juicio investiga.
Los cuatro ex funcionarios de la Justicia están acusados de no haber intervenido, investigado ni perseguido más de 100 delitos, entre los que se cuentan detenciones y allanamientos ilegales, robos, tormentos, abusos sexuales, un caso de aborto inducido por golpizas y los homicidios de 31 detenidos “especiales” en la Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1). Este grupo de presos políticos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional fue asesinado en distintos episodios montados como intentos de fuga durante 1976. Uno de los homicidios fue el de Marta González, la esposa de Baronetto, el 11 de octubre de 1976 luego de tener a su segundo hijo en cautiverio.
Por estos crímenes fueron condenados en 2010 Luciano Benjamín Menéndez y Jorge Rafael Videla. Sin embargo nunca se juzgó la parte civil, pese a que el expediente ya había sido iniciado en 2007.
La causa de los magistrados incomoda a la Justicia Federal de Córdoba, que para llevar adelante este juicio puso a disposición el edificio de Tribunales Federales 2, pese a las limitaciones de espacio y los inconvenientes para darle difusión mediática al debate oral desde una sala de prensa que ni siquiera cuenta con conexión a Internet.
En septiembre de 2007 Luis Miguel Baronetto –víctima y querellante de la causa–, Juan Miguel Ceballos –abogado de derechos humanos e hijo de Miguel Ángel Ceballos, víctima de uno de los fusilamientos– y Rubén Arroyo –también abogado de derechos humanos– presentaron la denuncia en el marco de la causa UP1, que fue juzgada en Córdoba en 2010.
La jueza Cristina Garzón de Lascano la instruyó por separado con el título “Ceballos, Juan Miguel y otros, su solicitud”, pese a que las causas penales llevan el nombre de los imputados y no de los denunciantes. Desde aquel entonces la causa fue interrumpida por distintos apartamientos y recusaciones, casi todos relacionados a la amistad entre aquellos jueces y los funcionarios actuales de la Justicia. Esta es la razón por la que sin magistrados cordobeses en condiciones de llevar adelante la causa, la instrucción quedó a cargo en 2010 de un juez federal de La Rioja: Daniel Herrera Piedrabuena.
En 2012 los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella, representantes del Ministerio Público Fiscal, lograron procesar y detener a Puga, Otero Álvarez, Haro y Luis Molina, pero la causa volvió a quedar paralizada después de que los abogados de los ex funcionarios apelaron los procesamientos.
Luego de una larguísima seguidilla judicial y el temor de las víctimas de que la causa quedara encajonada para siempre, comenzó el juicio con un tribunal presidido por el juez Julián Falcucci y dos magistrados de otras provincias: el juez de La Rioja José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, de Entre Ríos.
“Soy querellante porque me interesa que la Justicia llegue y sea completa. Esta causa, gracias a los doctores Rubén Arroyo y María Elba Martínez, que incluía a la complicidad civil, ronda desde 1984.
La Justicia Federal de Córdoba fue cómplice”, dijo Baronetto a LA NUEVA MAÑANA. “Nosotros pusimos en conocimiento de estas personas los padecimientos en el D2 y nunca supimos que investigaran algo”, agregó.
Para el fiscal Facundo Trotta “el nivel de impunidad con el que se manejaron los acusados (los integrantes de las fuerzas de seguridad, ejecutores directos de los crímenes), se debió en gran medida a la complicidad de la Justicia”.
“Tenemos que velar porque éste sea un juicio justo para darle una respuesta a las víctimas y también para respetar las garantías de los acusados, que hace tiempo vienen siendo investigados por estos hechos”, dijo a este medio.
Trotta se refirió al avance que existe en Córdoba respecto al juzgamiento a los genocidas que también incluye una parte de la sociedad civil. “Por eso hablamos de que ésta fue una dictadura cívico militar”, expresó.
“Lo importante es haber llegado a esta instancia. Nosotros –el Ministerio Público Fiscal– hicimos el requerimiento de elevación a juicio con la expectativa de que existen elementos de prueba que nos permiten sostener la responsabilidad de los acusados.
Con una Justicia que hubiera cumplido el rol que le corresponde cumplir, los crímenes no se hubieran cometido al nivel que se cometieron”, explicó el fiscal, quien llevó adelante la acusación en el histórico juicio La Perla.
En la audiencia del martes pasado, el querellante Luis Miguel Baronetto declaró ante los jueces en una sala de audiencias ínfima, a un metro de los acusados. Antes de hablar sobre los hechos ocurridos en 1975 y 1976, manifestó su “preocupación” ante el tribunal por una información conocida en las últimas horas. Se refirió a un artículo del periodista Horacio Verbitsky publicado en el diario Página 12 el 30 de julio de este año, donde dio a conocer que el juez Camilo Quiroga Uriburu (integrante del tribunal) fue asesor letrado del Gobierno de La Rioja durante el terrorismo de Estado.
El testimonio de Baronetto generó un silencio sepulcral en la sala de audiencias, al dar a conocer un dato que no muchos sabían. La querella decidió no recusar a Quiroga Uriburu, considerando todas las dilaciones que ya tuvo la causa. “Decidimos en función de las dilaciones que ha habido a lo largo de toda la investigación judicial sobre los jueces y las complicidades que también se manifestaron a lo largo de todo este proceso, no discontinuar la realización del juicio”, explicó Baronetto.
“Ha sido un gran paso haber llegado al juicio y fuimos conscientes de que estábamos luchando contra una mole bastante pesada. Juzgar a los miembros de la familia judicial es difícil porque las relaciones entre jueces están vigentes y presionan”, agregó. Las audiencias se desarrollan los lunes y martes en Tribunales Federales II. Esta semana habrá una nueva ronda de testigos que prestarán su declaración ante el tribunal cordobés.
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