El Gobierno nacional dispuso este miércoles el "congelamiento administrativo de bienes y/o dinero" de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, entre ellos el ex embajador Hadi Solemainpour y el ex agregado cultural en Buenos Aires Moshen Rabbani, informaron fuentes vinculadas al caso.
La medida, dispuesta por la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado de activos, debe ser homologada por el juez de la causa y tiene vigencia inicialmente por seis meses.
Las actuaciones tuvieron origen en un informe de inteligencia que "hace alusión a determinadas personas humanas que fueron inscriptas en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) creado por el Decreto 489/2019", emitido el mes pasado, se explicó en la resolución a la que accedió Télam.
La inscripción fue solicitada por el fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, asevera la mencionada resolución firmada por la vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico.
Ese informe, explicó, sostiene que la Unidad AMIA "informó acerca de la existencia de imputaciones y solicitudes de captura nacional e internacional de las personas humanas inscriptas en el RePET como resultado de su participación en el atentado terrorista" y "la existencia de trabas de embargo y la inhibición general" de sus bienes.
Los iraníes alcanzados por el medida son Soleimanpour, Rabbani, Ahmad Vahidi, Alí Akbar Velayati, Alí Fallahijan, Moshen Rezai y Ahmad Asghari.
La UIF dijo que esos imputados, con pedido de captura internacional a través de "alertas rojas" de Interpol, están "vinculados con Hezbollah, la Organización de Seguridad Externa (ESO) y determinadas personas de esa Organización, a partir de la asignación de diversos roles y funciones que les son atribuidos a cada uno de ellos" por el atentado a la AMIA".
