En agosto llegaría la resolución del juez Vaca Narvaja para concluir el proceso judicial. Las mujeres que lideraron la resistencia de barrio San Antonio sueñan con una vida sin Porta.
Ed Impresa13/07/2019 Soledad Soler
Especial para La Nueva Mañana
Desde hace más de siete años las y los vecinos del barrio cordobés San Antonio reclaman la erradicación de la planta de producción de bioetanol de la firma Porta Hnos. La fábrica ocupa una superficie de 2,5 hectáreas y se encuentra enclavada en plena zona residencial, a metros de las viviendas. Desde las casas se siente el olor que emana de la planta y las columnas de humo atraviesan el horizonte de San Antonio.
Silvia Cruz es una de las mujeres que lucha desde el minuto uno por la erradicación de la planta de bioetanol. Sus cuatro hijos crecieron compartiendo esa causa con su madre. Viven en la casa que construyeron con mucho esfuerzo. “Nos costó mucho ahorrar para comprar el terreno. Decidí quedarme en el barrio, con mucho temor por mis hijos”, agrega la mujer que junto a otras mujeres defienden y reclaman seguridad ambiental en el barrio.
Silvia, como tantas otras vecinas de barrio San Antonio tienen expectativa por el fallo que se avecina y que está en manos del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado deberá expedirse acerca de la acción de amparo iniciada en 2016, después de un largo proceso de investigación, y de diversas acciones de visibilización del conflicto encaradas por los vecinos junto a distintas organizaciones sociales. Según fuentes judiciales consultadas La Nueva Mañana, la esperada resolución de este juicio histórico llegaría a fines de agosto.
En 2016, Silvia Cruz y otros vecinos, tal como figura en la causa, interpusieron la acción de amparo colectivo ambiental en contra del Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) y de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Energía de la Nación). Mediante esta acción las y los vecinos pidieron la “clausura y cierre definitivo” de la planta, por considerar que no cuenta con “habilitación legal” y por no haber concluido con la “evaluación de impacto ambiental” previo a su emplazamiento en esa zona urbana, como lo prevé la Ley General de Ambiente N° 25.675.
María Rosa Vignolo vive en barrio San Antonio desde hace más de treinta años. “Cuando me casé me vine a vivir al barrio, a la casa de mis suegros”, recuerda hoy, otra de las vecinas que protagoniza las acciones de defensa ambiental de la organización Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS).
Rosa cuenta que hace 22 años pudo acceder a su casa propia en el barrio que hoy huele a gases tóxicos. “Nos gusta mucho el barrio, es muy tranquilo, tiene mucha naturaleza, podés estar afuera tomando mates, hacer vida al aire libre. Elegimos este lugar y acá fuimos construyendo la familia. No es tan fácil irse”, afirma Rosa.
“Al frente de mi casa hay un niño con malformaciones, su mamá transitó todo su embarazo en el barrio. Al lado de su casa, hay otro niño con problemas de nacimiento. A la vuelta de mi casa hay personas con asma crónica, a una cuadra un bebé murió por múltiples malformaciones”, cuenta otra vecina de la zona.
Como en el caso de barrio Ituzaingó Anexo, y tantos otros casos en América Latina, en San Antonio son las mujeres las que encabezan la lucha en defensa de los derechos humanos y ambientales de la población.
“Sigo luchando para poder dejarles a mis hijos y a mis nietos un mundo con menos contaminación, porque esto es un problema de todos. También consigo la fuerza de mis vecinos y las organizaciones que cuando estás en la peor, siempre están brindando un hombro para desahogarnos”, cuenta Rosa.
En el año 2016 la barriada sufrió un duro golpe cuando con tan solo tres meses de edad, falleció la pequeña Olivia, quien había nacido con una malformación denominada “mielomeningocele”, un defecto en el tubo neural que impide la formación adecuada de la columna vertebral. En medio del dolor, los padres de la bebé denunciaron a Porta Hnos. por homicidio agravado. Darío Ávila, abogado de la familia, aseguró en aquel momento en diálogo con La Nueva Mañana que podía observarse “una relación directa entre la contaminación que produce la planta y las enfermedades y muerte en el lugar”.
En el marco del juicio por Porta Hnos., en abril declaró Marcos Tomasoni, integrante del Colectivo Paren de Fumigar, y especialista en Diseño e Ingeniería sustentable. Tomasoni es además un especialista en el estudio de contaminantes dispersos en fumigaciones y participó en el peritaje realizado en 2014 en las inmediaciones de la planta de Porta Hnos. en el marco de la investigación que llevó adelante el fiscal provincial José Mana, quien terminó archivando las denuncias contra Porta en 2015.
El perito manifestó que quedó confirmado durante los muestreos y mediante las auditorías del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la presencia de “elementos tóxicos en el aire” en las inmediaciones de la fábrica en cuestión, incluyendo: etanol, acetaldehído, formaldehído, fenoles, hidrocarburos, xileno, tolueno, entre otros compuestos que derivarían de la producción de bioetanol.
Por otra parte, en relación con los relevamientos epidemiológicos, el coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS), Medardo Ávila Vázquez, dejó en claro que en la zona han ido en aumento las tasas de enfermedades dérmicas, respiratorias, gástricas y oculares. También se observó la proliferación de otras patologías como cefaleas, abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones.
Los testimonios presentados por Porta Hnos. – el Ing. Augusto Edgar Gallardo; las médicas Nilda Gait y Nora Glastein; Roberto Pepino Minetti; el Ing. Augusto Edgar Gallardo; y Francisco Brussa- tendieron a reducir el peso de los argumentos relativos al impacto socio ambiental de la actividad productiva y aseguraron que la firma cumple con las normas ISO 14.000. Lo cierto es que la producción de bioetanol forma parte del plan estratégico de expansión de negocios de la compañía. Según publicó el diario Comercio y Justicia en enero de este año, Porta Hnos. comenzó a exportar mini destilerías de bioetanol a otros países de América Latina.
El 12 de junio pasado se completó la etapa de pericia socio ambiental en el juicio por el amparo de 2016, con una encuesta territorial y una inspección ocular realizada en el barrio donde opera la planta de bioetanol. En esta inspección cuyo objetivo fue el de constatar prueba documental, participaron el juez Vaca Narvaja, la fiscal Graciela López de Filoñuk, los de los vecinos organizados, los abogados de Porta Hnos., y dos habitantes de la zona. A partir de ese momento se abrió un periodo de vigilia para los vecinos que culminaría a fines de agosto, con la resolución definitiva de la Justicia Federal.
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