La empresa Ersa Urbano S.A. confirmó este lunes que solicitó acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) a través de la presentación de un documento ante el Ministerio de Trabajo en el marco de "una grave situación financiera" que atraviesa producto del "contexto recesivo e inflacionario que impera sobre la economía nacional".
El pedido afecta a 300 trabajadores nucleados por el Convenio Colectivo Nº 241/75 y se dio a conocer en medio del conflicto con el gremio Aoita, que lleva adelante un paro desde este lunes en reclamo del pago del medio aguinaldo que se les adeuda.
Desde Ersa indicaron a La Nueva Mañana, que "esta es un realidad del transporte interurbano y hay muchas empresas del sistema que ya solicitaron el Procedimiento Preventivo de Crisis hace tiempo". Se trata de una herramienta utilizada tras el contexto de crisis económica del país, donde se plantea la necesidad de "repensar" el sistema en "función de los subsidios del gobierno nacional".
Así, la empresa planteo ante el ministerio que la solicitud, es "consecuencia directa de la decisión adoptada por el Gobierno Nacional de discontinuar en forma inesperada y repentina el régimen de subsidios que recibían desde esa jurisdicción las empresas de transporte público de pasajeros de la Provincia de Córdoba en concepto de compensación tarifaria", con ellos, Ersa atraviesa un "fuerte desequilibrio económico y financiero".
"Sin contar con ese aporte, el sistema tal como está funcionando hoy no tiene ningún equilibrio que permite continuar con la operación y garantizar la prestación del servicio plenamente tanto para los pasajeros como los trabajadores de la empresa", indicó la empresa y agregó que "en ese marco, la situación es general al sistema. Otras empresas están atravesando por la misma situación".
La empresa solicitó que se autorice a usar algunas herramientas que le permita "reducir las horas, optimizar algunos corredores, repensar el gasto en recursos humanos, las horas extras".
En el documento presentado este lunes ante Trabajo, la empresa fundamentó el pedido y detalló las cifras de cómo cambió el escenario de la prestación del servicio y cuáles son algunas de las ideas que quieren implementar, entre ellas la posibilidad de habilitar los retiros voluntarios entre los trabajadores.
La empresa argumentó que la medida es "a los fines de prevenir consecuencias más gravosas desde el punto de vista social y empresario".
Algunas de las medidas a implementarse en los próximos 12 meses, para las cuales se pidió habilitación son: desvinculación voluntaria, suspensión rotativa de personal sin goce de haberes, establecer durante el período de doce meses un 50% de los importes de los salarios como sumas no remuneratorias, congelamiento salarial a partir de haberes de junio, reducción de jornada laboral, reasignación de personal en los distintos departamentos, tercerización de servicios anexos o de apoyo.
La empresa justificó que todas las medidas planteadas tienen por objetivo "adaptar la estructura de la empresa a la actual situación de emergencia".
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