Fabiana Cuba
Este martes, Protectora, Asociación de Consumidores de Córdoba presentó un pedido de aplicación de sanciones y penas pecuniarias a los concesionarios y a los responsables de la interrupción del servicio de transporte urbano. Además, se solicitó brindar un resarcimiento económico a los usuarios, tras el paro que dejó a más de 500 mil cordobeses a pie.
“Dispongan y se arbitren los medios necesarios para procurar el debido resarcimiento económico a todos los usuarios del servicio que se vieron afectados por el paro de transporte, a los efectos de evitar la impunidad por los daños sufridos a los mismos. La prestación debe ser mantenida en condiciones de regularidad y continuidad, sin interrupciones; conforme la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 y la normativa vigente sobre la concesión del servicio público”, establece el reclamo.
El petitorio fue dirigido a la Municipalidad de Córdoba, a la Defensoría del Consumidor y remitido además a los representantes de la Defensoría del Pueblo. El mismo fue ingresado con carácter de urgencia, y en las próximas horas podría conocerse una resolución del tema.
“Esta problemática lleva años sin una solución y los usuarios son los únicos rehenes del sistema. Las medidas de fuerza de los trabajadores no pueden afectar la cotidianeidad de los usuarios”, indicó Mariela Moncada, titular de la Asociación.
Asimismo, Moncada remarcó: “Estamos pidiendo de que se intervenga en representación del colectivo de usuarios y consumidores y que se vele por los intereses económicos de la población. Esta situación afecta el sistema laboral, el presentismo y la economía familiar de los cordobeses”. Y agregó: “El artículo 42 Constitución estipula que los organismos nacionales deben bregar por la protección de los derechos económicos de la sociedad”.
En relación a la declaración del transporte en Córdoba como servicio esencial, la titular de la Asociación de Consumidores sostuvo que de hacerse efectivo, la ciudadanía no quedaría “a pie” como en estas últimas horas. “El derecho a huelga es totalmente constitucional, por lo que a pesar de las medidas de fuerza, en ese caso, se deberán establecer guardias mínimas para garantizar el servicio como en el caso de la Policía y los Hospitales”, aseguró.
