Según lo confirmó en el Congreso el juez federal Alejo Ramos Padilla, los tres formaban parte de una organización dedicada al espionaje ilegal que realizaban para perjudicar a funcionarios del gobierno anterior.
Ed Impresa 16/03/2019 Daniel Salazar
Especial para La Nueva Mañana
En el acontecimiento institucional más grave sucedido después de la última dictadura militar, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ratificó en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados la existencia de una organización “paraestatal dedicados al espionaje ilegal político, judicial y periodístico en la Argentina”.
De igual manera, el juez precisó que por la magnitud y alcance de las tareas de espionaje que realizaba el organismo puede perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Israel, Venezuela, Irán y Uruguay al precisar las operaciones que involucraban a esos terceros países.
En su lapidario informe, el magistrado detalló el modus operandi de la organización que en asociación ilícita involucraría a un juez, al fiscal federal Carlos Stornelli, al operador de inteligencia y falso abogado Marcelo D’alessio, al periodista del diario Clarín Daniel Santoro, dos comisarios de la policía Bonaerense y otros integrantes orgánicos e inorgánicos de servicios de inteligencia nacionales e internacionales, a los que involucra en casos de presuntas extorsiones contra empresarios, manipulación de causas y de operaciones y espionajes ilegales contra periodistas, abogados y dirigentes políticos de la oposición.
Pero además el juez condenó el accionar de la diputada Elisa Carrió, de la legisladora porteña también de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que utilizaban informes que les proporcionaba el presunto agente de la DEA Marcelo D’alessio para denunciar a dirigentes opositores conociendo las maniobras de espionaje ilegal que realizaba mediante mecanismos ilícitos a través de este grupo de tareas .
El auditorio integrado por ex jueces, abogados, diputados y senadores, excepto del oficialista Cambiemos y de Alternativa Federal referenciado en Sergio Massa y Miguel Pichetto, miembros de organizaciones de Derechos Humanos y periodistas que asistieron invitados por la Comisión legislativa que preside el diputado Leopoldo Moreau, escucharon en silencio y estupefactos la exposición del juez Ramos Padilla en la sala mayor del Anexo “C” del Congreso Nacional.
El magistrado señaló que la causa en la que investiga a este organismo se inició el 28 de enero de este año por la denuncia del empresario Pedro Etchebest, en la que acompañó catorce horas de audio, chats, videos e imágenes, en donde implicaba a un juez, al fiscal Carlos Stornelli y al supuestamente integrante de la DEA norteamericana Marcelo D’alessio por el “delito de extorsión, una exigencia de dinero” para no quedar involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
A la tortura psicológica que denunciaron abogados contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli para que funcionarios del anterior gobierno y empresarios involucraran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno en las coimas de la obra pública para que no quedaran presos, ahora se suma la extorsión mediática que ejercía el periodista de Clarín Daniel Santoro, que escrachaba a sus objetivos para que luego D’alessio exigiera el dinero, según las pruebas recogidas por el juez de Dolores.
En la causa está detenido Marcelo D’alessio, que deberá ampliar su indagatoria ante el juez Ramos Padilla luego de la aparición de nuevos casos y pruebas de extorsión, mientras reclamó recursos, personal y asistencia técnica a la Corte Suprema y aún no tuvo respuesta, para proseguir con la investigación.
Además, el juez federal de Dolores amplió en su exposición la sucesión de casos de nuevas víctimas que fueron apareciendo en el expediente producto de las escuchas al falso abogado, a quienes el Ministerio de Justicia tampoco proporcionó hasta ahora protección pese el pedido del magistrado, y que permiten comprender la complejidad y la gravedad de esta causa: entre ellos hay un intento de cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira (defensor de Oscar Thomas en la causa de los cuadernos), otro al abogado Javier Landaburu (defensor de varios en esa misma causa, entre ellos Eduardo Eurnekian), presunta extorsión a Pablo Barreiro, presionado con pedido de dinero para sacar a su padre Ricardo Barreiro (ex colaborador de CFK) de la cárcel en el caso cuadernos y ahorrarse él mismo la prisión y también al despachante de Aduana, Gabriel Traficante.
Además, entre el material incautado en la casa de D’Alessio, en el country Saint Thomas de Esteban Echeverría, Ramos Padilla encontró un legajo con el título “Operación Brusa Dovat-PDVSA”. Brusa Dovat es un ex directivo de PDVSA que habría sido extorsionado y terminó denunciando presuntas triangulaciones de dinero de la filial argentina de la petrolera venezolana con la supuesta complicidad de funcionarios kirchneristas.
También Ramos Padilla explicó el accionar de la banda en el caso de los ex funcionarios kirchneristas detenidos por el caso del Gas Natural Licuado (GNL).
En este sentido, el magistrado señaló que le pidió al juez federal Sebastián Ramos la resolución y las actuaciones por la cual el viernes último procesó al perito David Cohen por mentir y falsear datos, “con una intención deliberada de falsear la verdad” en la causa por supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado que había derivado en las detenciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de su mano derecha, Roberto Baratta.
Después de que salió a la luz el peritaje trucho, la Cámara Federal ordenó dar marcha atrás con aquellas detenciones y procesamientos, pero el juez de Dolores investiga la aparición de D’Alessio como un colaborador e incluso como un testigo que fue a resucitar aquella causa, que está a cargo del fiscal Stornelli en función de supuestos datos que se jactaba de tener –según figura en algunas grabaciones y material del caso que tramita en Dolores- por haber funcionado como una suerte de infiltrado en Enarsa durante el kirchnerismo.
D’Alessio declaró en noviembre último en la causa GNL, dio datos sobre supuestas irregularidades con la contratación de seguros y costos en el puerto. Debía declarar ante el juez porque el caso no estaba delegado ante el fiscal, pero lo hizo ante Stornelli y recién en febrero se incorporó su testimonio a la causa, donde el juez Claudio Bonadio terminó citando a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.
“Se le imputa en particular reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley”, aseguró Ramos Padilla.
Además, le imputa al fiscal “haber actuado conjuntamente con Marcelo Sebastián D’Alessio y otras personas que se encuentran siendo identificadas e investigadas en las actuaciones en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo” y agregó que esas maniobras configuran “diversos y diferentes planes delictivos”.
“Se le imputa haber reclamado a Marcelo D’Alessio que lleve a cabo una filmación a través de una cámara oculta al doctor José Manuel Ubeira, letrado defensor de Oscar Thomas, imputado en el marco de la causa Nro. 9608/2018 denominada “Cuadernos”, cuya investigación está a cargo del propio Stornelli”.
También se lo imputa de haberle solicitado a D’Alessio que realizara “de manera paralela una investigación” vinculada a la causa de presuntas coimas en obras públicas. “En particular, una operación de inteligencia mediante medios extorsivos y de intimidación para investigar la posible participación de Pedro Etchebest en posibles maniobras ilícitas en las que pudiera hallarse vinculado”, indicó.
Por otra parte, señaló que a Stornelli “se le imputa también -a partir de la delimitación de planes delictivos efectuada en el referido dictamen- haber ordenado a Marcelo Sebastián D´Alessio la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al Dr. Javier Landaburu”.
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