Córdoba ingresa en la era digital: buscan eliminar por completo el papel

Especial para La Nueva Mañana

En la apertura de las sesiones ordinarias del 141° período legislativo, el gobernador Juan Schiaretti, en su último discurso del segundo mandato no consecutivo como gobernador, pegará un golpe político de timón y marcará diferencias con el Gobierno nacional de Mauricio Macri que en Córdoba, como en el resto del país, desploma su imagen.

En un año electoral en el que ambos mandatarios buscarán la reelección, es preciso marcar las diferencias políticas en un calendario de elecciones desdobladas en todos los niveles de gobierno.

En sus anteriores discursos frente a la asamblea legislativa, el Gobernador auguraba primero que el cambio llegara a todos los hogares cordobeses y que él era la garantía de eso. Y así pasó, Córdoba fue uno de los distritos que más beneficios institucionales y económicos recibió por parte del Gobierno nacional y esos acuerdos quedaron plasmados en el acompañamiento que el interbloque Cambiemos le brindó a Unión por Córdoba (UPC) en la Unicameral.

En aquellos discursos inaugurales, Schiaretti anunciaba un ambicioso plan de obra pública que logró concretar con el apoyo del Gobierno nacional, vía recursos económicos o avales para conseguir dinero en el mercado internacional de capitales. Se realizaron los gasoductos troncales, cloacas, acceso al agua potable, rutas, autovías, autopistas y se realizó el tendido de fibra óptica todo el territorio provincial garantizando, entre otras cuestiones, el acceso a Internet de todas las escuelas públicas a través del Plan de Conectividad.

Este año, además del repaso por el cumplimiento del ambicioso plan de obra pública, el discurso del Gobernador en la apertura de sesiones brindará detalles del proyecto que tomará estado parlamentario el miércoles 6 de febrero, durante la primera sesión ordinaria de la Unicameral, que establece la digitalización total de la administración pública y la eliminación definitiva del papel como soporte de todos los trámites. 

La iniciativa, que lleva la firma de Schiaretti, avanza en la simplificación y modernización de la administración pública para darle al estado una mayor celeridad, eficacia, espíritu de servicio y economía, estableciendo reglas de actuación en la nueva administración mediante las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) en la relación entre los ciudadanos y el estado como así también entre los organismos y entes que lo conforman a través de medios electrónicos y/o digitales.

Para realizarlo la administración pública eliminará de manera definitiva el papel como soporte de expedientes y demás actuaciones reemplazándolas íntegramente por medios digitales o electrónicos para lo cual toda persona que realice un trámite deberá tener registrada su identidad digital a través de la plataforma “Ciudadano Digital”. Esta, tendrá un carácter personalísimo y será intransferible. Las firmas en los expedientes digitales serán digitales y tendrán idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel.

Además, los ciudadanos deberán fijar de manera obligatoria, por razones de conectividad, un domicilio administrativo electrónico que equivaldrá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido siendo válidos y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que se realicen a través de este medio.

Para facilitar la interacción entre el estado y los ciudadanos, el proyecto contempla la implementación de la gestión a distancia a través de mecanismos de tramitación digital o electrónica a distancia, sin requerir la presencia física, salvo excepciones que se plantearán en la futura reglamentación, una vez que haya sido sancionada la ley. En este último caso, donde un trámite deba realizarse de manera presencial, se habilitarán mecanismos electrónicos que posibiliten la obtención de turnos de concurrencia y atención para que no existan dilaciones.

Otra de las novedades que plantea la iniciativa del gobernador en la digitalización completa de la administración pública provincial es la posibilidad de realizar las audiencias públicas (previstas para el presupuesto, aumento de tarifas, etc) las que podrán realizarse a través de video conferencias o por cualquier otra vía de comunicación digital que quedará establecido en la reglamentación de la norma, para garantizar el mayor grado de accesibilidad y participación de las personas.

Para abordar la digitalización del Estado provincial se unificarán los datos de todos los organismos, intercambiando y compartiendo la información generada y disponible en cada uno de ellos respondiendo al principio de la unicidad de la información que estará disponible y accesible para cualquier dependencia y jurisdicción a través de mecanismos de interoperatividad e interconectividad evitando, por ejemplo, que el Estado, desde cualquiera de sus esferas, le requiera a un ciudadano varias veces la misma información para realizar trámites en distintos organismos o dependencias.

El Programa Conectividad Córdoba permitió incorporar tecnologías y vincular al 100 por ciento de los cordobeses. En toda la provincia, se tendieron 5.500 kilómetros de fibra óptica, que beneficiaron a más de 650.000 alumnos en más de 3.000 edificios educativos. Con este despliegue de conectividad se garantizó el acceso equitativo a las tecnologías de información y comunicaciones a través de un programa de inclusión digital.

La Secretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas será quien depurará y unificará toda la información existente en las distintas bases de datos de la provincia. Para avanzar en la digitalización completa de la administración pública el proyecto de ley plantea la elaboración de un “Plan de Cumplimiento” de las acciones y tareas a cargo de los titulares de los organismos y dependencias del Estado provincial.

Este plan se realizará a través de la individualización de todos los trámites junto a un plan de metas de ejecución de corto y mediano plazo definiendo criterios de cumplimientos en base a indicadores objetivos y constatables. El incumplimiento de los deberes establecidos en la iniciativa de la digitalización de la administración pública por parte del personal, agentes o funcionarios será considerada una falta grave y se sancionará de acuerdo a los respectivos estatutos.

Pero la sola digitalización no asegura la eficacia y la velocidad de los trámites administrativos, para lograrlo se necesita de agentes públicos y funcionarios que las hagan efectivas. Por eso la iniciativa plantea que el incumplimiento de los plazos previstos para la resolución de los asuntos administrativos digitales será imputable tanto al responsable directo de la mora, como así también a los superiores jerárquicos encargados de su dirección y fiscalización.

Y como se plantean las exigencias para llevar adelante la inserción de la administración pública provincial en una nueva era, también el proyecto del Gobernador plantea incentivos. El cumplimiento de los deberes previstos estará sujeto a premios y reconocimientos que quedarán plasmados en la reglamentación de la norma tanto para el personal como los funcionarios determinados en base a criterios objetivos de medición de desempeño preestablecido y constatables.

Finalmente el proyecto plantea una reforma acabada de la ley 5350 de procedimiento administrativo (Texto Ordenado por Ley 6658) para introducir la digitalización en la determinación de competencias, delegación y encomienda de firma.

De la misma manera introduce los criterios de celeridad, economía, sencillez y eficacia a través de los mecanismos electrónicos o digitales; los derechos y deberes de los ciudadanos, de las autoridades competentes, las formas de acreditar la identidad, el domicilio electrónico, la correlación de los documentos en un mismo expediente y los medios de notificación, entre otras cuestiones burocráticas.

Colegios Profesionales. El proyecto de digitalización de la administración pública establece además que el Poder Ejecutivo podrá establecer para los colegios profesionales y entidades que administren matrícula, como para los profesionales que la integran, determinadas cargas o prestaciones que contribuyan a la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos y a la mejora de los servicios de administración.

Uno de los capítulos más importantes de la ley, considerando que la administración pública ingresará de manera completa y definitiva a la era digital, son los procedimientos que deben llevarse adelante con las personas en situación de vulnerabilidad para que no queden excluidos de las prestaciones del estado.

Así, el proyecto del gobernador contempla que el estado deberá brindar asistencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación o poner a disposición mecanismos que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de todos los ciudadanos.

A los fines legales, la iniciativa define a las personas vulnerables, las mencionadas en artículo 8 de la Carta del Ciudadano –Ley Provincial 8835- y en las reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las personas en estas condiciones. Además se consideran en situación de vulnerabilidad aquellas personas que en forma permanente o circunstancialmente, encuentran dificultades especiales para ejercitar plenamente sus derechos o intereses legítimos.

Por último la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo podrá delegar funciones administrativas que son de su competencia a Comunidades Regionales, Municipios y Comunas de la provincia guardándose para sí, la potestad de poder reasumirlas en cualquier momento.

La futura ley, invita a los municipios y comunas a adherirse a la nueva normativa para armonizar y extender la digitalización de la administración pública en todas las esferas gubernamentales del territorio provincial.

Asimismo, el Gobierno de la provincia de Córdoba podrá realizar acuerdos con otros poderes del estado, otras provincias, el Gobierno nacional y organismos o entes nacionales, provinciales y municipales para establecer mecanismos de intercambio de información y documentación digital.

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