Con voto por mayoría, la sala III de la Cámara Federal de Casación ratificó un fallo de cámara que respaldó la validez de las escuchas telefónicas ordenadas durante la búsqueda de Santiago Maldonado.
Se trata de las intervenciones dispuestas por el primer juez de la causa, Guido Otranto, a los celulares del hermano de Santiago, Sergio Maldonado y de otros miembros de la red de apoyo a la comunidad de Cushmen en Chubut: la mapuche Claudina Pilquiman; el activista y amigo de Santiago, Ariel Garzi y la última persona que se había comunicado con él, Marcela Stocovaz, vecina de El Bolsón.
Al intervenir de oficio, el juez Gustavo Lleral había declarado nulas e inconstitucionales las captaciones y había ordenado su destrucción integral, fallo que luego fue revocado por la Cámara de Apelaciones y nuevamente recurrido por la familia de Santiago y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
En la breve sentencia de Casación, los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci rechazaron la apelación al fundamentar que la impugnación había sido mal concedida debido a que no se trataba de una cuestión definitiva y porque las escuchas como prueba ya eran parte de la causa de hábeas corpus. En ese estadío recordaron que las partes no pueden decidir qué pruebas se tienen en cuenta y cuáles no.
Según informó Infobae, consideraron que es legítimo ordenar intervenciones por fuera de un proceso penal y en el marco de un hábeas corpus cuando está en riesgo la vida de una persona.
Se espera que el reclamo de la familia Maldonado y del Cels llegará a la Corte Suprema de Justicia, si Casación habilita que su fallo sea recurrido. En ese caso, será la Corte la que deberá fijar posición sobre dos derechos en pugna: el derecho a la intimidad de los escuchados y especialmente el del hermano de Santiago, Sergio Maldonado, versus el derecho de la víctima -en este caso Santiago- a preservar su vida y ser encontrada con celeridad en el contexto de una desaparición.
Por otro lado, se conoció que el 29 de este mes será la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que revisará el cierre de la causa Maldonado, dictado por el magistrado Lleral.
Tanto la familia del joven fallecido como los tres organismos de derechos humanos que los acompañaron de entrada (CELS, APDH y CPM) apelaron el sobreseimiento del gendarme Emanuel Echazú y el dictamen de Lleral que concluyó que el joven murió ahogado sin participación de terceros.
Las querellas insisten que ese fallo no agotó todas las instancias de prueba. Esgrimen que quedan dudas sobre las circunstancias de la muerte del joven y que restan pericias por realizarse.
Además, el CELS, la APDH y la CPM se sumaron al pedido de los Maldonado para que un comité independiente e interdisciplinario investigue la muerte de Maldonado.
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