La empresa brasileña Odebrecht demandó al Estado nacional por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC).
El Estado argentino le impuso una suspensión preventiva en ese registro a mediados de 2017, basado en los casos de corrupción que las empresas protagonizó en Brasil y en los balances de la empresa.
La compañía brasileña sostuvo que el Estado la discriminó porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales ante la Justicia argentina, según publicó el diario La Nación.
Odebrecht reclamó que levanten su suspensión, le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública.
En julio pasado, la empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado.
Odebrecht se quejó de que mientras continúa suspendida el Registro no ha "generado hasta el momento ningún acto concreto" sobre las empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas que sigue el juez federal Cladio Bonadio por las confesiones de sus propios dueños y algunos de sus máximos ejecutivos.
Por eso, Odebrecht solicitó a la Justicia que le ordene al Registro Nacional de Constructores que informe cómo actuó ante otras "empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades".
Al responder la demanda, el Ministerio del Interior, a cargo del Registro, rechazó los reclamos de Odebrecht. Planteó que el reclamo carece de sustento y no explica de "forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia el (Registro) habría aplicado criterios divergentes a una misma situación". Y aclaró que el Registro "no toma las publicaciones de la prensa como elementos para sustentar sus resoluciones", sino como meros "indicios".
A su vez, la jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de la causa que sigue Bonadio excedían "el marco del presente proceso". Pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión - y eventual rehabilitación- en el Registro de Constructores sigue su curso.
