Redacción La NUEVA Mañana
Dos diplomáticos chilenos, uno de ellos es cónsul en la ciudad de Córdoba, son investigados por el delito de tráfico de inmigrantes y podrían ser imputados el próximo 11 de enero, según informaron fuentes judiciales chilenas.
La Fiscalía de Alta Complejidad de Santiago de Chile presentará una querella contra Frank Sinclair Manley, cónsul general en Córdoba, y Gustavo Cantuarias Concha, cónsul general en Dublín, quienes serán procesados por el ingreso ilegal de extranjeros al país.
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores del país vecino, Roberto Ampuero, ha instruido que se disponga la separación inmediata de sus funciones de los dos cónsules.
El caso es investigado desde hace dos años por la Fiscalía que registra el ingreso irregular de 228 ciudadanos de la India y Nepal entre 2015 y 2017. Ambos diplomáticos están en la mira debido a centenares de visas entregadas por Cantuarias precisamente a estudiantes de Nepal e India. Al menos 160 de ellos aún viven en Chile.
Para obtener el visado en Chile, los estudiantes presentaban certificados del centro educacional "Multicultural Institute of Education Ltda", una sociedad que fue creada por el mismo Frank Sinclair, en conjunto con Christian Andrés Chaguán Sabag y Jitendra Kumar Khatwani Takorda, también vinculados a la causa. Pese a que Sinclair se desligó formalmente de la sociedad en 2015 y la traspasó a su hija Josefina Sinclair Alcalde, seguiría vinculado a la entidad.
La investigación sostiene que los estudiantes asiáticos pagaban alrededor de 4 millones de pesos (6.000 dólares) para que la entidad perteneciente a Sinclair realizara los trámites que permitían el ingreso a Chile, lo que le trajo al grupo ganancias por 900 millones de pesos (1.300.000 dólares).
La Cancillería ya está al tanto de este caso e inició un sumario para determinar las responsabilidades de los dos diplomáticos. El hecho se produce en momentos en que el tema migratorio es fuente de intensos debates en el país, luego que el presidente Sebastián Piñera decidiera no adherir el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular de Marrakech.
