Tras denuncias realizadas, ayer se llevó a cabo un operativo conjunto entre el Pami y representantes del área de salud del gobierno de Córdoba que determinó la clausura de un geriátrico clandestino que funcionaba en el oeste de la ciudad. La vivienda, ubicada en Gral. Bustos 1.436, alojaba a once abuelos y no contaba con habilitaciones. Días atrás había sido denunciado por vecinos del lugar, quienes relataban los descuidos a los que eran sometidos los ancianos. Según los funcionarios a cargo de tratar el caso, “el lugar está clausurado”.
“Obviamente es un lugar que no está habilitado. Al lugar lo acomodaron un poco en los últimos días para que no se vea lo que nos mostraban las pruebas que nos presentaron en la jornada del lunes”, afirmó el titular de la obra social para jubilados y pensionados estatales a la salida del geriátrico. En cuanto a cómo se continúa con la situación de estos abuelos, los encargados de llevar adelante la investigación se encontraban en busca de los familiares de cada uno, los cuales hasta anoche no se habían contactado. Seis de los jubilados están afiliados al Pami y durante la jornada serán reubicados en alguno de los centros de atención que respondan a la obra social. En cuanto a los demás, se encuentran a disposición del trabajo que realice el gobierno de Córdoba y los trabajadores del área.
Según relataron funcionarios a la prensa, “había diez camas para once abuelos”, y cuando el lugar estaba lleno “se tiraba un colchón en el entrepiso". La peor de las situaciones se daba en el garaje, con camas que se instalaban allí ante la falta de espacio. Otro problema es el de la medicación, ya que no se pudo determinar qué estaba consumiendo cada uno de los asistidos.
Desde hace algunos días se realizan algunos relevamientos en torno al funcionamiento de estos establecimientos ilegales. A pesar de haber iniciado un trabajo de control conjunto entre Pami y la Provincia -en el cual participó también la Municipalidad-, habían pasado casi seis meses sin resultados favorables. Tuvo que ocurrir un hecho desgraciado para que se reactiven las tareas: el ataque de un perro a una mujer resultó en el cierre de un geriátrico que había sido clausurado en septiembre del año pasado. Este hecho dejó al descubierto la evidente falta de conexión entre la problemática y el trabajo de control a cargo del Estado, en una ciudad que tiene sólo diez establecimientos habilitados y unos 50 fuera de regulación.
