El prínxipe de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, arribó este mièrcoles a la Cumbre del G20, y sus movimientos generan toda la atención y máxima seguridad luego de que la ong Human Rights Watch presentara una denuncia ante el juez federal Ariel Lijo de investigarlo por delitos de lesa humanidad.
Su llegada a la Argentina se convirtió en la noticia más importante porque el heredero de la monarquía de Riad está en el centro del foco mundial tras el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul.
La ong presentó una denuncia ante el magistrado argetntino en la que piden que se le aplique el principios de justicia universal por delitos de lesa humanidad en Yemen, y su seguridad personal lo obligó a cambiar de alojamiento en Buenos Aires varias veces hasta decidir hospedarse en al residencia de su propia Embajada, se informó.
El crimen del periodista opositor fue brutal ya que fue decuartizado, lo que devino en uno de los mayores escándalos internacionales del año. Incluso, un informe de la CIA señala al príncipe como el autor intelectual del homicidio. Aún así, el gobierno de Donald Trump decidió mantener su alianza estratégica con Riad.
A tal punto genera conflicto que ahora hasta está en duda que Trump vaya a tener una bilateral formal con él… Y el gobierno de Mauricio Macri está en una disyuntiva. Hasta hace unas semanas se negociaba una reunión bilateral entre el saudita y el argentino, hoy ya no existe esa posibilidad.
El pedido contra el saudita está en manos del fiscal Ramiro González que evalúa tres caminos: si entiende que debe aplicar el artículo 117 de la Constitución que establece como competencia originaria de la Corte Suprema "todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros", entonces derivará el asunto al máximo tribunal; si no lo deriva, puede decidir estudiar si lo que plantea la ONG son efectivamente delitos de lesa humanidad; o directamente puede rechazar de plano su competencia, informó Infobae.
