Esta semana debería comenzar a discutirse en la Comisión de Trabajo el proyecto que lleva el nombre de Lohana Berkins. Se espera que impulse la discusión a lo largo del país.
Política 13/11/2018 César Pucheta
Con las firmas de más de setenta diputadas y diputados de la Nación, el proyecto de Ley de Inclusión Formal Trans y Travesti ingresó a la cámara baja del Congreso Nacional. La propuesta llega al recinto por iniciativa de la diputada nacional del Frente para la Victoria, Gabriela Estévez, a partir el trabajo de dos organizaciones referentes en el campo de la disidencia de género como la Convocatoria Federal Trans y Travestis Argentina y la Liga LGBTTIQ+ de las provincias, y lleva el nombre de “Lohana Berkins” en homenaje a la pionera en la lucha por el derecho a la identidad de género.
A diferencia de otros proyectos de similares características que incluso fueron presentados por representantes del espacio kirchnerista y recibieron el acompañamiento de un amplio abanico del colectivo de disidencias de género, la Ley Lohana Berkins no sólo propone que el Estado garantice la incorporación de personal a planta sino que apunta a “declarar la emergencia laboral prohibiendo el despido de trabajadores trans y travestis por un período de 18 meses y dispone la reincorporación de los despedidos en los últimos tres años del Estado Nacional”.
“Nosotres asumimos un paradigma distinto a la política de cupo”, dice Estévez a La Nueva Mañana. “El cupo está orientado solamente a la contratación dentro del Estado y, de alguna manera, pone una especie de límite. Cuando hablamos de inclusión y hablamos de derechos, entendemos que esos derechos no pueden limitarse ni mucho menos. Siempre hablamos de inclusión porque la apuesta es que los derechos se amplíen. Acá estamos hablando de derechos porque estamos volviendo a proclamar el derecho a trabajar formalmente” explica la diputada cordobesa al ser consultada al respecto.
En ese aspecto, el proyecto presentado busca reservar el 1,5% de los puestos del sector público nacional a personas trans y travestis que reúnan las condiciones de idoneidad requeridas e instituir un sistema de becas de capacitación para las que no cumplan con esos requisitos; y propone establecer un sistema de incentivos impositivos para subsidiar parcialmente y por un período de 6 años el salario de las personas trans y travestis que sean contratadas por empresas privadas, priorizando a las PyMes.
Vale destacar que, en la actualidad, el 91% de las personas con identidad de género disidente no tiene trabajo registrado y que el 82% atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por su identidad y/o expresión de género.
Además, según señalan los informes de las propias organizaciones, el 45% ejerce el trabajo sexual o está en situación de prostitución, en tanto que el 58% ha sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales. Atendiendo a estos puntos, el proyecto incluye una serie de medidas antidiscriminación como la inclusión de un programa de sensibilización sobre la estigmatización por identidad de género, destinado a la administración pública y las empresas privadas, y se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo la prohibición de discriminar por motivo de identidad y/o expresión de género y por motivo de antecedentes contravencionales.
En todas las provincias del país, las diversas organizaciones que representan a las identidades disidentes han trabajado a lo largo de estos últimos años proyectos que buscan avanzar con la inclusión laboral trans a partir de diferentes estrategias políticas entre las cuales el cupo aparece como la más usual.
La realidad difiere según la correlación de fuerzas que expresa cada territorio, aunque la regla una constancia en el tristemente célebre “cajoneo” de las propuestas a partir de la negativa de los legisladores que deciden “no arriesgarse” a dar el paso imponiendo la especulación a las necesidades colectivas y los reclamos.
Algunas provincias y municipios de un peso relativo importante en el mapa nacional han llegado a conseguir sanciones intermedias que luego, por alguna razón u otra, quedan varados en las instancias definitivas.
Pasa en Provincia de Buenos Aires, en Salta o en Santa Fe, por nombrar algunos ejemplos. “En Formosa presentamos un proyecto hace dos años pero quedó todo encajonado” dice la referente de trans y travestis formoseñas Karla Argañaraz, “ahora se lo hemos llevado a una diputada para que lo vuelva a impulsar. Tenemos la expectativa de que pueda tomar cartas en el asunto porque en Formosa la comunidad trans está muy vulnerable e invisibilizada”, dice a este medio.
“En todas estas discusiones juegan factores que tienen que ver con cada una de las provincias, acá tenemos una presencia muy fuerte de la Iglesia que sale a jugar en contra y existe una gran comunidad paraguaya que tienen el patriarcado muy arraigado en sus costumbres” señala Argañaraz esperanzada en que la norma nacional pueda efectivamente convertirse en un impulso federal.
“La importancia de tener una ley nacional que contemple la contratación en el sector privado es fundamental porque esto podría implementarse en cada una de las provincias”, señala Estévez, que también destaca que si bien la norma sólo contemplaría a las dependencias públicas nacionales, el antecedente impulsaría los proyectos que hoy duermen en los legislativos provinciales y comunales a lo largo y a lo ancho del país.
“Cuando este tipo de propuestas tienen el impulso desde los ámbitos de decisión nacionales, la discusión se instala, se instala de arriba hacia abajo”, asegura.
Durante esta semana, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados debería reunirse para intentar arribar a un acuerdo y comenzar a trabajar en un dictamen que unifique las iniciativas presentadas en materia de inclusión laboral trans. De conseguirlo, afirman, la ley podría llevarse al recinto en el comienzo de las sesiones ordinarias del año 2019.
En el año 2016, Bell Ville se convirtió en el primer municipio cordobés en aprobar cupo laboral trans. La ordenanza destina el 0,5 por ciento de la plantilla municipal a personas trans y permite imputar el 70 por ciento de esos salarios brutos al pago de impuestos a las empresas que las empleen.
El concejal de Unión por Córdoba, Gonzalo Pedano, comentó a La Nueva Mañana que “al día de la fecha se ha cumplido apenas un tercio de lo que esa ordenanza establecía. No solamente estipulaba la inclusión de una persona por año sino que también demandaba una serie de políticas relacionadas con la salud y lo social para ese grupo poblacional”.
El proyecto fue presentado por el oficialismo (UCR-Cambiemos) a instancias de ATTA Bell Ville (Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina) y recibió un rápido apoyo de la oposición en la cabecera del Departamento Unión. “Efectivamente ingresó una mujer trans” dice Pedano “pero luego no hubo más novedades”.
El concejal señala que, entre las iniciativas que no prosperaron se encuentran los “consultorios inclusivos que consistían en abrir espacios de atención para las compañeras trans dentro de los dispensarios del área de salud municipal, conjuntamente con un equipo de trabajo más interdisciplinarios. Eso se hace parcialmente, porque lo que solicitaban las compañeras solicitaban un lugar para poder trabajar desde lo colectivo, más allá de los espacios de atención individual que hoy sí existe”.
Durante el pasado Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ+, la organización Devenir Diverse y la agrupación estudiantil La Bisagra presentaron proyectos de inclusión en el Concejo Deliberante y el Legislatura provincial.
La iniciativa fue parte de la Campaña nacional por la Inclusión Laboral Trans que lleva adelante la Liga LGBTTIQ+ de las provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, las organizaciones que participaron de la iniciativa presentado nacionalmente el pasado jueves.
El proyecto ingresó en el legislativo capitalino desde la banca de la concejala Nadia Fernández y se presentó en la Unicameral con las firmas de Martín Fresneda, Carmen Nebreda, Franco Saillén y Vilma Chiapello (Córdoba Podemos); Ilda Bustos y Ricardo Vissani (Unión por Córdoba) y Liliana Montero. En ambos espacios legislativos, estos proyectos conviven con iniciativas anteriores, aunque ninguno logró avanzar hasta una instancia que presuma su llegada a los plenos de las cámaras.
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