El Tribunal Federal N° 1 de Córdoba imputó a una funcionaria judicial y la consideró autora de los delitos de supresión de documento público; falsificación de documento público y falsedad ideológica en carácter de partícipe necesaria. En el fallo se señaló "el grave inconveniente que resultó para los extranjeros" la maniobra fraudulenta. Sin embargo, en un juicio abreviado, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 70 pesos.
La mujer, llamada Olga Liliana Borneo Santillán, quien en muchos casos falsificó la firma del juez Bustos Fierro y hasta de un fiscal para otorgar ciudadanías falsas.
El fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo que la secretaria confeccionó resoluciones judiciales por las que se otorgaba la condición de ciudadanos argentinos por naturalización consignando "falsamente que se había dado cumplimiento a las exigencias legales", haciendo mención, además, a dictámenes fiscales que "no existían en los expedientes bajo análisis". En el expediente se do por cierto que el juez Bustos Fierro firmaba las resoluciones "bajo la creencia de que el trámite de los expedientes era regular y conforme a las disposiciones legales".
El problema es que cientos de ciudadanos perdieron la ciudadanía al constatarse que la documentación es falsa.
Muchos de los inmigrantes, la mayoría de ellos chinos, tuvieron serios inconvenientes, incluso uno de ellos fue detenido por Migraciones y enfrenta una causa por usar documentación falsa.
