Redacción La NUEVA Mañana
Comenzó en el Tribunal Federal Oral Nº 2 el juicio por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI). La causa fue dividida en dos partes y en esta primera etapa se debatirá por primera vez en el país sobre el delito de intermediación financiera clandestina.
El tribunal está presidido por Jorge Fabián Asís e integrado por Carlos Julio Lascano y Jaime Díaz Gavier, mientras que la acusación queda a cargo del fiscal Carlos Gonella, ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Al juicio llegan 16 personas imputadas con distintos grados de responsabilidad penal. Entre ellas, el principal acusado es Eduardo Rodrigo, quien está señalado como el jefe de la asociación ilícita y otras cuatro personas sindicadas como los principales socios de la financiera ilegal.
Los otros imputados son Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera, Oscar Américo Altamirano, Darío Onofre Ramonda, Luis Carlos de los Santos, Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Olga Beatriz Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafián y José María Núñez.
"Lo que va a juicio ahora es la primera parte de la causa CBI relacionada con la empresa. Los empresarios involucrados en este caso o los dirigentes gremiales como los de Osecac no van a juicio en este momento. Están en una segunda y probablemente en una tercera etapa porque son casos que se fueron dando con distintos tiempos procesales", explicó a La Nueva Mañana el fiscal federal Enrique Senestrari, quien estuvo a cargo de la investigación.
La financiera era la base de operaciones de lavado de activos y circulación de dinero negro: en CBI se tomaba dinero y se lo prestaba, algo que en la Argentina solo pueden hacer los bancos. La investigación comenzó luego de la muerte de su vicepresidente, Jorge Suau, que dejó una carta póstuma y tras la huida del país del principal responsable de la empresa, Eduardo Rodrigo.
De está forma se generó una fuerte corrida que desmoronó la empresa y afectó a todos los que participaban de manera directa o indirecta de esas actividades.
"En este sistema de banco clandestino lo que ocurre es que el dinero limpio entra y se ensucia porque pasa a tener fines ilegales y a la vez permite que el sistema se contamine con dinero lavado. La grave afectación es al sistema financiero porque impide el control. Es lo que ilegalmente son las off shore, el sistema que parece legal pero que en realidad funciona para la evasión. En este caso fue más pequeño y en forma más clandestina todavía", dijo Senestrari a este medio.
Además, durante las audiencias se debatirá sobre los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, evasión, y defraudación por retención indebida. En el juicio también estarán presentes los 66 ahorristas presuntamente defraudados por CBI. El abogado Carlos Nayi representará a 62 de ellos.
"Los ahorristas no estaban al tanto de que se trataba de una actividad ilegal. De haber estado al tanto, obviamente no hubieran participado. Uno recurre al banco donde obtiene mejor oferta de interés, hicieron lo que más preservaba su dinero y lo que más ganancia le daba para enfrentar los efectos devastadores del proceso inflacionario. Nadie se imaginó que esto era un banco paralelo conformado por un grupo de personas que tenía un objetivo: hacer circular ilegalmente dinero de un actividad ilícita", aseguró Nayi a La Nueva Mañana.
El abogado sostiene que de esa forma "se hirió la confianza pública porque quedó al descubierto que no hay margen de credibilidad en los mecanismos de control".
