Consuelo Cabral
Deolinda Andrea Díaz, 32 años, una hija, vivía en Despeñaderos. Su pareja el sargento José Contreras la estranguló y después se suicidó. Cristina Rodríguez, 39 años, tres hijas, vivía en el barrio Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba. Su esposo, el cabo Ricardo Nicolás Campos, la mató de un disparo por la espalda con el arma reglamentaria. Magalí Pérez, 21 años, una hija, estaba embarazada y vivía en La Calera. Su ex novio, el cabo Carlos Eduardo Monje, la asesinó de siete disparos con la Bersa 9 milímetros. Nancy Beatriz Pérez, 54 años, madre de Magalí. Asesinada de dos disparos por su ex yerno tras intentar defender a su hija con su propio cuerpo. Monje, suicidado. Unas semanas antes, y luego de ocho años de carpeta psiquiátrica, Medicina Laboral de la Policía de Córdoba le devolvió el arma reglamentaria con la que cometió la masacre.
Pero a pesar de las comas que separan cada historia, no se trata de excepciones. Por el contrario, son consecuencia de un estado policial que, legitimado en una ley provincial, obliga a los efectivos a portar armas de fuego las 24 horas sin tener en cuenta estadísticas que ponen de manifiesto su peligrosidad en la violencia íntima de pareja.
Basta de ejemplo el último informe hecho por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, el que revela que en el país en 2016 hubo 19 mujeres asesinadas por efectivos de las fuerzas de seguridad. La cifra se mantiene constante desde 2008, cuando la ONG inició sus actividades a falta de un registro oficial hecho por el Estado nacional. En total, desde ese año hasta el 2016, hubo 129 policías femicidas.
Coincidencia o no, fue después de los tres femicidios a manos de efectivos policiales ocurridos con una semana de diferencia, que el Gobierno de Córdoba anunció la creación de un área de Auditoría General de Salud Mental de la Policía, dependiente de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
“El Departamento tiene la finalidad de coordinar, sistematizar, auditar y delinear acciones que propendan a un control más eficaz de las áreas que intervienen en la prevención de patologías, psicológicas, psiquiátricas y de Violencia Familiar. Además, tendrá la competencia exclusiva como instancia superior y definitiva de resolver la situación del personal que reviste en Tareas No Operativas (TNO) vinculados con casos de licencias psiquiátricas o relativas de Violencia Familiar”, informó a través de un comunicado la Policía.
Sin embargo, la iniciativa fue criticada desde distintos sectores que señalaron, entre otros puntos, la designación de la comisario Marcela Santucho como responsable a cargo, siendo que la licenciada en Psicología fue quien estaba al frente de Salud Mental del equipo táctico del ETER cuando el 5 de noviembre del 2013 el sargento Ariel Pedraza asesinó a Tobías de 12 años y Morena de 10, los dos hijitos que había tenido con su ex pareja, Paola Fernández.
Desde ese momento, Fernández, desde Víctimas por la Paz lucha por pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas por un cuerpo externo a la Policía y para que fuera del horario de trabajo, los efectivos no porten armas, dos puntos clave del proyecto que desde 2015 viene presentando en la Unicameral la legisladora Liliana Montero.
Fue la parlamentaria quien desde su lugar de psicóloga además de legisladora, tildó la medida como “una burla” al recordar que desde el año 2015 viene presentado un proyecto de ley que prevé un programa de atención en salud mental para todas las fuerzas policiales y penitenciarias durante el ingreso, la puesta en funciones y el retiro de los efectivos.
“El proyecto es integral y contempla instancias terapéuticas obligatorias individuales y estrategias grupales, unas trabajadas por los equipos de la Policía y otras por profesionales externos. Entiendo que no hay una cabal comprensión de por qué es necesario un abordaje de este tipo, de lo contrario no se justifica que a pesar de haber sido presentado hace tres años siga sin ser tratado en la Legislatura”, explicó Montero a La Nueva Mañana a la vez que agregó que “si en verdad hubiesen querido hacer algo serio no hubieran creado un departamento dentro de la dirección de Control Policial, ya que no se trata de un problema de control, ni de conducta policial, sino que lo que está en cuestión es la salud”.
Según datos brindados por la Comisario Santucho, la policía cuenta con 22 mil efectivos, de los cuales a 800 se les quitó el arma reglamentaria. Y de esos 800, a 250 se les retiró la Bersa 9 milímetros por denuncias de violencia de género.
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