Este lunes, a dos días de la votación clave en el Senado por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNC lanzó una brutal frase que causó el masivo repudio de los organismos de Derechos Humanos de Córdoba.

Se trata del abogado Manuel Cornet quien durante una charla en contra del aborto legal organizada por el Colegio de Abogados de Carlos Paz, manifestó:  "Nuestros genocidas de la última dictadura no mataron a las mujeres embarazadas. Esperaron que naciera el niño y después desaparecieron o mataron a la mujer".

Al respecto, los organismos de Derechos Humanos manifestaron su "enérgico repudio" a través de un comunicado, donde compararon las declaraciones del ex vicedecano de la Universidad Nacional de Córdoba los dichos de los diputados Nicolás Massot y José Orellana, "los cuales atentan contra la verdad y apelan a la vanalización de lo ocurrido", destacaron.

A continuación, el comunicado:

Tal como ha sido acreditado en múltiples causas por delitos de lesa humanidad, las mujeres cautivas en los campos de concentración y entre ellas mujeres gestantes, fueron sometidas a condiciones infrahumanas, torturas y abusos sexuales con particular ensañamiento. Muchas de ellas aún permanecen desaparecidas.

Muy al contrario de lo que el doctor Cornet sostiene, que no se privó a las embarazadas de ningún padecimiento, entre ellos incluso estuvo el de ser asesinadas y desaparecidas como testimonian los restos de Liliana Sofía Barrios, embarazada de 5 meses y asesinada luego de ser sacada del campo de concentración "La Perla" que pudo ser identificada por el EAAF. Al igual que ocurrió con tantas otras mujeres asesinadas luego de dar a luz.

Tampoco se privó de estos padecimientos a niñas y niños sometidos a las mismas condiciones que sus padres, 400 de los cuales permanecen aún desaparecidos sin conocer su verdadera identidad debido al Plan Sistemático de Apropiación.

Negar estos crímenes cometidos contra mujeres embarazadas, niñas y niños, implica sostener los mismos argumentos con que los genocidas justifican sus aberrantes crímenes, lo cual no debe pasar inadvertido, más aún si se trata de un profesional del derecho que ejerce la docencia y cuyo deber es educar en Derechos Humanos.

Consideramos que esta cruel argumentación, demuestra además un profundo odio hacia las mujeres, forzadas a practicarse abortos en la clandestinidad con los enormes riesgos que ello conlleva. Negar esta realidad nos conduce a continuar condenando a miles de mujeres a la muerte y de eso se trata el debate que mañana abordará el Senado. Debate que es fruto de la tenacidad del movimiento de mujeres y que, muy por el contrario a lo que pregonan los nostálgicos de la última dictadura, fortalece la vida democrática y el Estado de Derecho.

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