Rusia no respondió a pedido de extradición por implicado en el atentado de la AMIA
Pese al pedido de detención contra el funcionario iraní, Vladimir Putín no respondió al reclamo de la justicia argentina y, el gobierno de Macri analiza elevar una queja a Moscú.
El gobierno argentino sigue de cerca cómo responde el gobierno de Rusia por el pedido de extradición a Rusia que la justicia argentina cursó contra el funcionario iraní Ali Akbar Velayati, implicado en el atentado a la AMIA.
Según informa el portal Infobae, si la administración de Vladimir Putin no accede al reclamo, el gobierno de Mauricio Macri estaría dispuesto a elevar una queja a Moscú.
Velayati, asesor del líder supremo el ayatolá Alí Khamenei, se reunió este jueves con Putin para aclarar la posición de Teherán luego de la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear, con la intención de recibir un respaldo de Rusia.
La Cancillería argentina, a cargo de Jorge Faurie, y el embajador en Rusia, Ricardo Lagorio, realizaron gestiones y consultas con la diplomacia rusa para dar viabilidad al exhorto que envió el juez Rodolfo Canicoba Corral para reclamar la detención y extradición de Velayati.
"Hasta ahora no hubo respuestas del Kremlin y solo recibimos evasivas burocráticas", aseguraron desde Cancillería.
Como parte de la delegación local participó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mientras que del lado iraní asistió el embajador Sanai
Hasta este jueves, Macri no activó aún su vínculo con Putin para lograr la extradición de Velayati. No obstante, funcionarios de alta jerarquía de la Cancillería y del Ministerio de Justicia admitieron al portal informativo, que el gobierno de Putin no debería negarse a detener y extraditar a Velayati ya que existe un tratado de extradición suscripto entre ambos países que fue aprobado el mes pasado por el Parlamento argentino y el artículo 1 dice taxativamente las obligaciones asumidas por Rusia y la Argentina.
Velayati era ministro de Relaciones Exteriores de Irán cuando ocurrió el ataque terrorista –ocupó el cargo entre 1981 y 1997– y está acusado de haber participado de la reunión que se celebró el 14 de agosto de 1993 en el Consejo Supremo de Seguridad en la que se decidió el ataque.
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