El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, dio a conocer la "carta de intención, Memorandum de Políticas Económicas y Financieras y Memorandum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI".

El documento, de 33 páginas, lleva las firmas del ministro de esa cartera, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central argentino (BCRA), Federico Sturzenegger, dirigido a la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

"Como parte de este apoyo, estamos solicitando formalmente un acuerdo stand-by del FMI por un período de 36 meses, por un monto de DEG 35.379 millones (equivalente a aproximadamente U$S 50.000 millones, o el 1.110 por ciento de la cuota de Argentina con el FMI)", sostiene la carta.

Además, en el memorandum, los principales puntos establecidos por la Nación indican una inflación (índice de precios al consumidor) "igual o inferior a las expectativas actuales del mercado" para el final de 2018 de 27 por ciento.

Desde Hacienda afirmaron estar "completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado" junto a la propuesta de "limitar las ventas de reservas internacionales a períodos en que haya una clara disfunción del mercado".

Otros puntos importantes del memorándum:

• "Si bien lamentamos volver a reajustar nuestras metas de acuerdo a un sendero más alto de inflación, este cambio es inevitable dada la volatilidad del mercado financiero que Argentina ha experimentado y el impulso inflacionario en curso tras la reciente depreciación del peso y los aumentos en los precios mundiales de la energía".
• "Proteger a los sectores más vulnerables de la carga de esta necesaria recalibración de la política económica".
• "En el mediano plazo, nuestra intención es llevar las reservas internacionales a niveles prudentes dada la exposición de Argentina a los shocks globales en la cuenta corriente y de capital".
• "El BCRA publicará a fines de septiembre de 2018 una regulación que introduzca un mecanismo de subasta de divisas para intervenir en los mercados de contado y de futuros. Esto es una meta estructural para el programa".
• "La ley (de desburocratización del estado) optimiza procedimientos burocráticos reduciendo su duración y permite el uso de expedientes digitales y de firma electrónica en todos los niveles del Gobierno nacional".
• “Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad”.
• “Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa".
• "Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones".
• "Mantenemos nuestro compromiso de mejorar la estructura fiscal federal. Las transferencias automáticas del Gobierno nacional a las provincias aumentaron durante los años recientes y continuarán haciéndolo hasta 2020".
• “Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: (i) no renovar cargos en puestos no prioritarios, (ii) congelar las nuevas contrataciones en el Gobierno nacional durante dos años, y (iii) eliminar las posiciones redundantes".
• Consideramos que el esquema fiscal de mediano plazo elegido garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del PBI hacia fines de 2021.

El texto completo:

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