El Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres fue aplicado por primera vez en un juicio oral por femicidio en la Capital Federal, en el que se condenó a prisión perpetua a un hombre por haber matado de 17 puñaladas a su pareja delante de su hija de 6 años.

Esta herramienta, elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), se utilizó en un debate en el que terminó sentenciado a la pena máxima del Código Penal Lucio Aníbal Sánchez Pereira. Según informaron las autoridades, el imputado llegó a juicio por un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2016, cuando su pareja llevó a su hija de 6 años a una plaza del barrio 21-24 del barrio porteño de Barracas.

El imputado discutió con su mujer y extrajo un cuchillo con el que la apuñaló 17 veces delante de la niña, quien corrió en busca de ayuda a la casa de su tía paterna. La víctima quedó tendida en la vereda y murió por las heridas, mientras que el agresor se escapó y luego fue aprehendido en casa de su hermana. Un año antes, el hombre también había golpeado a su mujer con la excusa de que ella se había demorado al salir de su trabajo.

Durante el juicio, el fiscal Horacio Azzolín pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 que condene a Sánchez Pereira por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, amenazas coactivas y daño”. En el debate oral, se aplicó el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres, diseñado este año, que en palabras de Azzolín, “constituye una excelente herramienta a la hora de encarar investigaciones de este tipo, tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”.

El protocolo brinda a los fiscales pautas sencillas y ágiles para investigar y litigar en casos de femicidios de manera eficiente y con perspectiva de género, asegurando una actuación acorde con los estándares internacionales conforme lo estipula la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará). En su alocución, el fiscal invocó esa convención y señaló que “lo característico de este tipo de violencia es que constituye una manifestación de la desigualdad estructural e histórica que existe entre varones y mujeres, propia de la sociedad patriarcal”.

Agregó que en el caso ello se evidenciaba al repasar “la historia de violencia denunciada por la víctima, corroborada por los dichos de su hermana, de sus hijos y por los informes elaborados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD)”. Así, consideró que el caso se encuadra en un contexto claro de violencia de género teniendo en cuenta “los arranques de ira del imputado porque la damnificada no llegaba al horario que él imponía y el avergonzarla en su lugar de trabajo enviando a su niño a buscarla porque él la quería en la casa”, entre otras cuestiones.

El tribunal, integrado por  los jueces Ricardo Basilico, Alejandro Sañudo y Javier Anzoátegui, compartió el criterio, condenó al imputado y difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el 23 de abril.