El colectivo de la discapacidad de Córdoba exige que la nueva Ley brinde soluciones concretas
Ante el tratamiento en el Senado y eventual sanción definitiva del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que envió el Gobierno al Congreso, tras incumplir sistemáticamente la Ley de Emergencia para el sector, el Colectivo de Discapacidad de Córdoba emitió un comunicado en el que expuso su desconfianza con el gobierno de Javier Milei y fijó sus exigencias para la aprobación de esta norma.
El Colectivo está integrado por las siguientes organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familias, prestadores, instituciones y transportistas: la Federación Converger, la Asamblea Trabajadores de Inclusión (ATI), la Cámara de prestadores de Discapacidad (Capredis), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Colectivo 3 de Diciembre.
En primer término, el documento da por descontado que la norma que llegó desde el Ejecutivo y que contempla en su mayoría las demandas que estaban incluidas en la Ley de Emergencia (que vence a fines de diciembre y que el Gobierno se negó sistemáticamente a aplicar) será aprobada este jueves en el Senado.
Analiza, en este sentido, que esta certeza responde a que por un lado el oficialismo encontró en este nuevo proyecto la forma de eliminar la emergencia, que había dejado en evidencia ante la sociedad su insensibilidad con el sector; y que para la oposición es la oportunidad de incorporar muchas de las demandas del sector, frente a la imposibilidad de reunir los votos necesarios para prorrogar la Emergencia.
Recuerdan, asimismo, que en la etapa anterior el Colectivo de Discapacidad logró que las y los diputados cordobeses opositores a Javier Milei no apoyaran el nuevo proyecto del Ejecutivo, "fundamentalmente como expresión crítica hacia el gobierno libertario, que mientras ofrece 'superar' la Emergencia en el Congreso, continúa en el ejecutivo ajustando a las personas con discapacidad y llevando al colapso al sistema prestacional"; pero distinguió que en este caso acompañará la aprobación definitiva, como una manera de dar un paso hacia adelante.
Destacan que aquella decisión del Colectivo permitió que el Gobierno no pudiera quedarse con el título de haber conseguido un "apoyo unánime" para su proyecto.
Desconfianza con el Gobierno
Las organizaciones subrayan que tras tres años en el poder, la gestión de Milei "no ha generado ningún alivio a las personas con discapacidad ni sus familias ni a sus organizaciones".
Por el contrario, exponen las organizaciones cordobesas dos hechos recientes que permiten advertir cómo el Gobierno Nacional continúa subyugando al sector: aluden a la caída de los convenios que las instituciones prestadoras tenían con el Estado para encuadrar las prestaciones por Incluir Salud; y a la suspensión de más de cerca de 26 mil pensiones por invalidez.
"Lo unánime en el colectivo de todo el país es la absoluta desconfianza hacia el Gobierno de Javier Milei", subraya el Colectivo y remarca: "Nadie en nuestro sector cree que pueda haber voluntad política por parte del gobierno libertario hacia la discapacidad, ni hacia las políticas de justicia social en general. No ha dado señales de sensibilidad social ni siquiera tras la reciente visita del papa León XIV".
Respecto de la inminente aprobación de la nueva Ley, subrayaron: "Necesitamos que se resuelva el trámite legislativo sin dilaciones para que la demanda de promulgación, reglamentación e implementación golpee cuanto antes la puerta del Ejecutivo. Hoy resulta fundamental contar con este nuevo marco jurídico que garantice herramientas reales de exigibilidad una vez que, el próximo 31 de diciembre, caduque la vigencia de la actual Ley de Emergencia".
El Presupuesto, otro escenario de disputa
En paralelo, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados tiene en agenda esta semana dictaminar respecto del proyecto de Presupuesto 2027. "En esta instancia se resuelve el destino del famoso Capítulo 6 dedicado a discapacidad, que aún forma parte del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Sus artículos van totalmente en contra del proyecto de Ley que se votará el jueves. La eliminación de los valores universales y de carácter federal para el nomenclador y la desregulación del sistema, la derogación de la pensión por discapacidad para la protección social y la incompatibilidad de las pensiones con el empleo son algunos de los retrocesos incluidos en este capítulo", alertan desde el Colectivo y subrayan al respecto: "Aunque el bloque libertario quitaría el mentado capítulo 6, es evidente que no es suficiente para dar garantías de una implementación efectiva de la Ley".
En este nuevo escenario, plantean que la demanda del sector no debe quedarse sólo en la eliminación del capítulo 6, sino también en la incorporación explícita en la Ley de Presupuesto de las partidas específicas expresadas en la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, necesarias para dar cumplimiento efectivo a dicha norma.
Exigencias del Colectivo
Aunque parezca obvio, remarcan las organizaciones cordobesas que tras la sanción de la nueva ley, el Gobierno "tendrá la obligación ineludible de implementarla y cumplirla, sin repetir el vaciamiento y el incumplimiento sistemático que ejerció sobre la Ley de Emergencia".
Recuerdan, en este punto, que en lo que va de su mandato la gestión de Javier Milei "le dio la espalda al colectivo de personas con discapacidad de toda la Argentina, empujando a millones de ciudadanos y sus familias a una crisis extrema y a la situación más precaria de las últimas décadas".
Por tal razón, precisaron las siguientes exigencias para que la reglamentación y ejecución efectiva de esta ley se traduzca de inmediato en hechos concretos:
● Reactivación de los trámites para las nuevas solicitudes de pensiones. El Estado le debe respuesta a las más de 200 mil trámites de pensiones nuevas de los últimos años que el gobierno ha cajoneado.
● Implementación de las pensiones por discapacidad para la protección social: Poner en marcha estas pensiones con la participación correspondiente del COFEDIS, y establecer una política de pensiones basada en la perspectiva de derechos y el modelo social de la discapacidad. Basta de medidas tramposas y de ajustes encubiertos bajo auditorías engañosas que solo buscan recortar derechos.
● Sostenimiento y recuperación de las prestaciones: Cumplimiento efectivo de las compensaciones tanto para los prestadores que aún subsisten como para aquellos que debieron cerrar sus puertas por esta razón, garantizando que vuelvan a existir servicios adecuados, accesibles y disponibles.
● Actualización urgente de aranceles: Valores acordes a la realidad económica que permitan la continuidad de los tratamientos y el trabajo digno.
● Presupuesto adecuado y resguardo del Fondo Solidario de Redistribución: Es indispensable asignar las partidas necesarias para el sector y proteger el Fondo Solidario, que se nutre de los aportes de los trabajadores de todo el país y que hoy sufre un fuerte impacto en su recaudación debido a la indisimulable caída del empleo registrado y el aumento del desempleo real. Las personas con discapacidad, nuestras familias y quienes trabajamos en el sector no resistimos más dilaciones ni incumplimientos. Exigimos la inmediata promulgación, reglamentación e implementación por parte del Poder Ejecutivo, de la nueva ley que será sancionada esta semana.
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