Alertan que el sistema de discapacidad se sostiene con la "sobrecarga" de familias y prestadores

La conclusión parte de un informe del Defensor del Pueblo de Córdoba a partir de entrevistas a usuarios, familiares, profesionales, transportistas e instituciones.

Las conclusiones dan cuenta de que "las acciones y omisiones estatales, los atrasos arancelarios y las trabas burocráticas van retirando piezas clave de la estructura, desestabilizándola progresivamente". Foto: Defensor del Pueblo de Córdoba

El Defensor del Pueblo de Córdoba dio a conocer las conclusiones de su estudio "Crisis del Sistema de
Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad", que fue desarrollado en la ciudad, a partir de relevamiento de datos y entrevistas a usuarios, familiares, prestadores, transportistas y representantes de instituciones.

Del estudio se concluye que el sistema de prestaciones y apoyos para la discapacidad en Córdoba atraviesa un proceso de desgranamiento paulatino. Utilizando la analogía del juego Jenga, el Defensor del Pueblo detalla que "las acciones y omisiones estatales, los atrasos arancelarios y las trabas burocráticas van retirando piezas clave de la estructura, desestabilizándola progresivamente".

Asimismo, subraya que si este esquema no ha colapsado ni terminado de romperse por completo en estas condiciones se debe menos a la efectividad de las garantías institucionales que al sostenimiento que realizan las propias personas con discapacidad, sus familias, las y los profesionales e instituciones: "Estos actores absorben directamente la crisis con un severo impacto en su economía, en su salud física y mental".

A la hora de evaluar la crisis que atraviesa el sector y el rol que cumple el Estado, entre las instituciones prestadoras de servicios en discapacidad coinciden en la mención del desfinanciamiento, el desfase del nomenclador único, la presión fiscal y la retirada reguladora de la administración nacional.

En el caso de las y los profesionales prestadores de servicios, en tanto, la mirada sobre este aspecto gira en torno a la falta de regulación sobre las obras sociales y gerenciadoras.

Las personas con discapacidad y sus familias, por su parte, exhiben la sobrecarga personal que implica suplir la falta de prestaciones, la parálisis del transporte y el agotamiento en la gestión diaria de los apoyos.

Entre quienes carecen de cobertura social, a su vez, la crisis aludida no se percibe como un fenómeno inédito o exclusivo de las medidas políticas y económicas recientes. "Para este grupo, la falta de dispositivos públicos, la necesidad de financiar tratamientos de manera particular y las barreras de acceso representan una condición de vulnerabilidad estructural sostenida en el tiempo, que el contexto actual agrava pero no inaugura", indican desde la Defensoría del Pueblo.

Ligado a esto, el informe advierte una brecha entre quienes tienen o no cobertura social (obra social,
prepaga o programa estatal) y plantea en sus conclusiones que cuando la persona no posee cobertura, el Certificado único de discapacidad (CUD) pierde sentido. "En lugar de actuar como el instrumento que habilita la cobertura prestacional, queda reducido a un requisito administrativo incapaz tanto de equiparar las condiciones de acceso, como de garantizar la continuidad de las terapias", subrayan.

En el ámbito educativo, también esta brecha determina el acceso a derechos. "Las familias sin cobertura social acceden a los Docentes de Apoyo a la Inclusión a través de la articulación con la modalidad de educación especial; sin embargo, esta intervención suele ser percibida como insuficiente y esporádica", exhibe el informe.

Al cierre de sus conclusiones, el Defensor del Pueblo plantea que el diagnóstico expuesto en el estudio "abre una agenda prioritaria para el diseño de políticas públicas y futuras investigaciones enfocadas en las zonas grises del sistema", por lo que considera que "resulta fundamental indagar en las condiciones reales de atención de la población sin cobertura social, analizando la capacidad de articulación territorial, la disponibilidad de turnos con especialistas y la oferta de terapias en hospitales públicos y centros de salud comunitarios".

Y a ello suma el desafío territorial específico que atraviesa el interior provincial, donde la dispersión geográfica configura un escenario de mayor fragilidad que requiere respuestas específicas. "Solo sobre la base de esta evidencia será posible consolidar un modelo social de discapacidad con equidad, justicia redistributiva y acceso universal a los derechos", cierra.

El informe completo puede leerse en el siguiente enlace: https://defensoriacordoba.gob.ar/informe-de-la-defensoria-del-pueblo-advierte-sobre-la-crisis-que-atraviesa-el-sistema-de-discapacidad-en-cordoba-y-alerta-por-el-severo-impacto-del-desfinanciamiento-en-el-sector/

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