Referentes del sector "fintech" relativizaron la preocupación por la morosidad de las familias

Invitados por el oficialismo, representantes del sector de Fintech relativizaron en la Cámara de Diputados la suba del endeudamiento familiar y dieron cuenta de medidas que estarían tomando para solucionar sus problemas de cobranzas con usuarios morosos.

En una reunión informativa de la comisión de Finanzas, referentes del mundo financiero no bancario escenificaron una defensa de sus intereses sectoriales, advirtiendo sobre los costos operativos que tienen para funcionar y los riesgos a los que se exponen, con el propósito de justificar las elevadas tasas de interés y el costo financiero total que le trasladan a los usuarios.

El encuentro forma parte de la estrategia del oficialismo para obstaculizar y dilatar el debate concreto del tema, con el abordaje de los más de 50 proyectos al respecto que tiene la Cámara Baja. Precisamente, la oposición intentará este miércoles habilitar el tratamiento de estas iniciativas en el cuerpo.

Los oradores

El primero en tomar la palabra fue el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi, quien no tuvo tapujos en manifestar que “no hace falta una ley” para remediar el problema de la morosidad de los hogares.

Según dijo, el problema ya viene siendo atendido de manera privada y “caso por caso” con los clientes morosos a través de planes de refinanciación de sus deudas.

“No hace falta una ley porque los bancos ya resolvieron 500.000 refinanciaciones”, opinó, y reconoció el “temor” que existe en el sector a que “haya un proyecto de ley que intervenga en un contrato entre privados”.

Por su parte, la directora Ejecutiva de la Cámara de Medios de Pago, Luciana Ríos, reconoció que “es legítima la preocupación por la morosidad” y que “merece atención porque tiene un impacto en el consumo de las familias”, aunque comentó que el problema “no tiene solución única”.

En ese sentido, destacó que “los operadores de crédito están desplegando estrategias de refinanciamiento” y puso énfasis en mejorar la “educación financiera, promover transparencia, generar información y dar mejores herramientas para la toma de decisiones de nuestros clientes”.

El director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, Mariano Biocca, analizó que los montos bajos de los créditos que toman en promedio los usuarios de billeteras refleja que “no son inversores sofisticados, sino pequeños ahorristas que utilizan estos mecanismos para preservarse de la inflación y cuidar sus ahorros”.

Asimismo, destacó que el sistema Fintech está regulado por el Banco Central y otros organismos del Estados.

“Nunca antes se incorporaron tantas personas a la formalidad antes de la existencia de estas herramientas”, lo que permitió a muchos usuarios “empezar a construir su perfil crediticio; por ejemplo, acceder a un crédito pequeño y después, por ahí, acceder a préstamos mejores”, ponderó.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo No Bancarios (CERTACYC) -entidad que representa entre el 25% y 30% de las tarjetas de crédito del país-, Norberto Echegoyen, contrapuso la conducta de las entidades reguladas frente a los prestamistas ilegales. informalidad.

“Al crecer el crédito, creció la mora. Es imposible que no suceda eso. Quizás la mora creció en un grado no conveniente”, admitió, al tiempo que recordó que “antes la cuota se licuaba por mayor inflación”.

Asimismo, descartó la vía judicial como alternativa eficiente para el cobro: “Frente a la mora, el proceso judicial no es la solución. Es gente que no está asalariada o lo tiene embargado. No tiene bienes. Contratar a un abogado y empezar con gastos judiciales para que, en vez de perder 100, perdamos 120, no tiene sentido”.

Regulación pública

En contraposición a la postura de las entidades financieras, la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos sostuvo una visión crítica y defendió la necesidad de una regulación pública: “Acá no se trata de cuestionar la existencia del crédito, todo lo contrario. Todos creemos que es sano y conveniente que haya crédito e inclusión financiera”.

Sin embargo, advirtió que “el proceso de mora que se ha generado hace más de un año, creciendo de una manera geométrica, no solo no favorece el crédito, sino que, por el contrario, lo afecta gravemente”.

Olmos enfatizó que el volumen de la problemática exige medidas estatales y no solo acuerdos privados entre partes.

“Nos hubiera encantado que hubiera habido la posibilidad de resolver este problema sin una intervención más general. La realidad es que el problema no se ha ido resolviendo, sino que se ha ido agravando a un punto tal que requiere de una política de carácter general. No alcanza con la buena voluntad o la negociación bilateral porque todo eso ha fracasado”, aseveró.

A su vez, cuestionó la brecha entre el costo de fondeo y las tasas finales aplicadas a los consumidores.

En esa línea, indicó que que mientras las entidades captan fondos a tasas significativamente menores, “están ofreciendo a más del 700% del CFT”.

“Existiendo casi 6 millones de personas morosas, sometidas a tasas de interés usurarias y bajo condiciones que no se están desacelerando sino creciendo, es imprescindible que haya una intervención política. No solo no queremos que la gente caiga en manos de la usura, sino que tampoco queremos que la usura se disfrace de formalidad”, expresó.

Olmos insistió en la necesidad de que “la gente tenga una solución razonable y le signifique poder salir de esto que es tan angustiante”.

“Lo hicimos en el 2001. Y lo hicimos después de la pandemia, y siempre fue una solución de carácter colectivo y general. Siempre permitió que el crédito se expandiera y que los sistemas tecnológicos se incorporaran. Fue una solución a favor de la gente y no en contra del sistema”, concluyó.

Fuente: NA

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