Malvinas: cuáles son los cambios del Gobierno en Defensa y Relaciones Exteriores

La administración Milei dispuso un refuerzo de las sanciones a las empresas que se vinculen con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas y aumentó el presupuesto para Defensa e Inteligencia.
Por tratarse de decretos de necesidad y urgencia (DNU), las normas deberán atravesar el mecanismo de revisión previsto por la Constitución y la legislación vigente, con intervención de la Comisión Bicameral y el Congreso. Foto: Presidencia

A través de los decretos 867 y 868, publicados este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó los anuncios de Javier Milei de este jueves por cadena nacional al reforzar controles y sanciones a empresas que se vinculen con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y aumentó el presupuesto para Defensa e Inteligencia.

Por tratarse de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), las normas deberán atravesar el mecanismo de revisión previsto por la Constitución y la legislación vigente, con intervención de la comisión Bicameral y el Congreso.

Sanciones a empresas

Mediante el Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reforzó los controles relacionados con las Islas Malvinas para las empresas que busquen adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En rigor, los proyectos deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ellos y sus empresas vinculadas no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.

La misma exigencia fue incorporada a los procedimientos para obtener permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos. 

El decreto también designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esta cartera tendrá intervención en la verificación de antecedentes y podrá actuar ante eventuales incumplimientos del régimen vinculado con actividades en áreas bajo disputa de soberanía.

“Una vez notificado, el presunto infractor tendrá un plazo de diez días hábiles administrativos para constituir domicilio especial, presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse”, expresa al mencionado decreto.

Más presupuesto para Defensa e Inteligencia

A través del Decreto 867/2026, en tanto, el presidente Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 para reforzar partidas salariales, organismos de inteligencia, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios y funciones consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.

Los cambios incluyen recursos destinados a atender necesidades salariales y operativas de las áreas alcanzadas.

En el caso de las Fuerzas Armadas, las partidas permitirán incorporar, modernizar y recuperar equipamiento para fortalecer sus capacidades operativas.

También se incrementaron los recursos de la Conae (Comisión Nacional de Actividades Especiales) para sostener programas y actividades vinculadas con la política espacial argentina.

Fuente: NA

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