La UTEP recurre a la Corte para devolver el "Volver al Trabajo" a casi un millón de beneficiarios
Con un recurso de amparo, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que pueda resolver favorablemente el reclamo de más de 900 mil familias trabajadoras para que puedan seguir contando con su Salario Social Complementario.
Dicha remuneración fue dada de baja por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.
La presentación judicial busca revertir un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín del pasado 13 de julio, que había hecho lugar a una apelación del Estado Nacional y revocado la cautelar dictada en abril por el Juzgado Federal de Campana.
Aquella resolución de primera instancia obligaba al Ejecutivo a sostener las asignaciones dinerarias mensuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
En el escrito de 29 páginas, la UTEP sostiene que la decisión de la Cámara incurre en arbitrariedad al desconocer el carácter alimentario y de subsistencia de la prestación suprimida por el Gobierno.
En ese sentido, argumenta que la interrupción del ingreso mensual afecta derechos constitucionales básicos (artículos 14 bis, 18, 28, 43 y 75 incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional), provocando un “gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior” para familias en situación de vulnerabilidad social.
“Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas”, remarcan los letrados en la presentación al cuestionar el argumento oficial.
Uno de los puntos centrales del recurso radica en la falta de equivalencia entre el programa dado de baja y las alternativas ofrecidas por la cartera que encabeza Capital Humano.
La Cámara de San Martín había avalado la postura estatal al considerar la creación del programa “Formando Capital Humano” como una política de transición. Sin embargo, los accionantes fundamentan la insuficiencia del nuevo esquema sobre la base de datos oficiales del propio expediente.
Por ejemplo, el padrón del Programa “Volver al Trabajo” tiene, de acuerdo a su última liquidación, un pago de asignaciones a 917.740 beneficiarios, mientras que el interés en capacitaciones exhibe a 136.000 personas.
A partir de esta brecha, la defensa de los beneficiarios recalca que el nuevo programa consiste en una oferta condicional de cursos y vouchers sujetas a vacantes e inscripción, y no en un ingreso directo periódico que garantice la canasta básica alimentaria de la totalidad del universo afectado.
Fuente: NA
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