Adorni retrasa la declaración jurada y el fiscal prepara un pedido de justificación de bienes

La causa contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito sigue su rumbo. Ante la negativa de Manuel Adorni de declarar su patrimonio, el fiscal Pollicita busca alternativas. 
La declaración jurada no aparece, pese a que hace un mes Adorni y Milei prometieron que la Justicia la tendría "en el corto plazo". Foto: NA

Mientras Manuel Adorni retrasa la presentación de la declaración jurada, el fiscal federal Gerardo Pollicita se encuentra trabajando en la redacción de un escrito con el objetivo de intimar al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio

Según fuentes judiciales, los ingresos declarados por el funcionario no llegarían a cubrir la totalidad de sus bienes.

Esta medida representa el paso previo a un eventual llamado a declaración indagatoria. Para determinar el monto exacto de la inconsistencia patrimonial, la fiscalía aguarda los resultados de un peritaje contable encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente de la Procuración General de la Nación.

Asimismo, se lleva a cabo un estudio especializado sobre las operaciones y la trazabilidad de fondos en criptomonedas realizadas por Adorni, quien todavía no presentó su última declaración jurada de bienes. El documento no vio la luz pese a que hace un mes tanto él como el presidente Javier Milei prometieron que “iba a aparecer” en un corto plazo. El informe técnico definitivo de los expertos podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, el jefe de Gabinete deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria, según publicó el medio La Nación.

En forma simultánea, Adorni enfrenta un frente judicial secundario a cargo del juez Ariel Lijo. En este expediente se investigan los contratos de coproducción firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandio, un amigo cercano del actual ministro coordinador, con quien viajó a Uruguay en el último feriado de carnaval. El ex vocero explicó que pagó su viaje con sus ingresos pero la factura que consta en el expediente desmintió ese dato.

Fuente: NA

Noticia relacionada: 

Tras las presiones políticas, Adorni se prepara para presentar su declaración jurada

Te puede interesar

Se cumplen 2 años de la desaparición de Loan: el próximo martes comienza el juicio a 17 acusados

El pequeño desapareció el 13 de junio de 2024, con 5 años de edad, cuando se encontraba en un almuerzo familiar en lo de su abuela materna, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Quiénes serán juzgados.

A dos años de la desaparición de Loan, cómo será el juicio en el que se buscará que los acusados hablen

Reunirá en un solo debate las dos causas abiertas en el expediente y sentará en el banquillo a 17 acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. 

Alarma en salud por el aumento de enfermedades y la caída de las coberturas de vacunación

En atención al incremento de "enfermedades infecciosas, zoonóticas y prevenibles” en la población, La Nueva Mañana dialogó con el médico y docente universitario Oscar Atienza.

Adorni y su patrimonio: el fiscal Pollicita analiza ampliar la causa por enriquecimiento ilícito

En el marco de la investigación contra el jefe de Gabinete y las inconsistencias al justificar sus gastos e inversiones, extendería el período de análisis hacia atrás en el tiempo y con más medidas de prueba.

Gracias a los avances del Banco de Datos Genéticos, un nieto restituido pudo saber quién era su papá

Marcos Eduardo Ramos, el nieto número 128, pudo esclarecer quién era su padre y reencontrase con una parte de su familia. Nuevas tecnologías permitieron conocer la verdad. 

Colegios preuniversitarios le pidieron a la Justicia la aplicación de la ley de financiamiento

Docentes, no docentes, estudiantes y familias de escuelas preuniversitarias conformaron un frente para exigir el inmediato cumplimiento de la norma, que actualmente está judicializada.