Redacción La Nueva Mañana
Tras la presión política por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, finalmente Manuel Adorni, se prepara para presentar su declaración jurada.
El funcionario lleva más de 80 días de demora desde que comenzaron los reclamos públicos sobre su patrimonio y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, a través de la Resolución 3/2026, la Oficina Anticorrupción prorrogó la fecha límite oficial de presentación hasta el 31 de julio de 2026, por lo que técnicamente aún no ha vencido el plazo legal.
El jefe de Gabinete está bajo fuerte presión política de otros funcionarios, como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, para que aclare su situación.
En el plano legal, la causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita analizan sus movimientos financieros.
Según publicó Noticias Argentinas, el ministro coordinador aspira a hacer pública a principios de junio, en la previa al inicio del Mundial, aunque evita accionar en base a los dardos que detectan que envía Bullrich, pero también la titular del Senado.
"No lo van a apurar ni Bullrich ni Villarruel ni ningún otro que vaya a pedir que lo anticipe", sostuvieron desde el entorno del funcionario.
Lo cierto es que en Casa Rosada referencian la solicitud de la legisladora para que Adorni anticipara la declaración y explicara su situación judicial. Sus dichos no cayeron bien en las filas libertarias, centralmente en el presidente Javier Milei, pero particularmente en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por su parte, la vicepresidenta -de nulo vínculo con la Casa Rosada- planteó en público que estaba esperando la presentación de la declaración jurada del exvocero.
Mientras el contador de Adorni prepara el detalle con el que busca explicar la adquisición de sus propiedades y viajes al exterior, en el corazón de la plana mayor libertaria buscan minimizar el impacto de la causa pese a los constantes movimientos.
"Se moverá unos meses más y después la causa muere", precisó un colaborador del jefe de Gabinete al tiempo que descartó la posibilidad de un llamado a indagatoria por parte de la Justicia.
En la administración libertaria sostienen que no quieren interferir en la causa, por lo que prefieren que el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo recopilen todas las pruebas necesarias. "Ahí van a determinar si es un ladrón o si efectivamente tiene todo en regla como creemos", precisaron ante esta agencia.
Con información de LNM y NA
