Avanza en el Senado la Reforma de Salud Mental que busca habilitar las internaciones “no voluntarias”

El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto para modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, con el argumento de “modernizar” la normativa vigente y agilizar las respuestas del sistema sanitario ante situaciones de crisis. El proyecto tiene como puntos centrales autorizar  las internaciones “no voluntarias” e incorpora los consumos problemáticos como una enfermedad de salud mental.

En ese marco, La Libertad Avanza busca avanzar con la firma del despacho en la próxima reunión del plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, que presiden las libertarias Ivana Arrascaeta y Nadia Marquez, tras concluir el miércoles la tercera ronda de consultas.

Entre los cambios más relevantes, la iniciativa propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental” por el de “trastorno mental”, flexibilizar los criterios para las internaciones involuntarias y fortalecer el rol médico-psiquiátrico y judicial en las decisiones de tratamiento. Además, eorl Ejecutivo sostiene que la reforma "busca evitar situaciones de violencia, suicidios y cuadros severos" que, según plantea, "no encuentran una respuesta adecuada bajo la legislación actual". 

El proyecto también generó fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, asociaciones de profesionales y sectores académicos vinculados a la salud mental.

Las críticas apuntan a que la reforma implicaría un retroceso respecto del enfoque comunitario y de derechos que estableció la ley sancionada en 2010, al habilitar mayores márgenes para las internaciones y reducir la participación de usuarios y organizaciones civiles en los organismos de control. Distintas entidades advirtieron además que la iniciativa podría reforzar una mirada más manicomial y judicializante de la salud mental, en un contexto de ajuste presupuestario sobre el sistema público de salud. 

En el plenario de comisión el miércoles, expusieron profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, especialistas, familiares y organizaciones sociales que trabajan diariamente acompañando situaciones críticas vinculadas a consumos problemáticos, adicciones, suicidio y salud mental.

Unos de los puntos que divide las aguas es la internación "no voluntaria" que plantea el proyecto así como  la obligación que cualquier diagnóstico deba tener la opinión de un psiquiatra.

Ante las críticas del peronismo a la iniciativa oficial y al sistema de salud, Márquez indicó que para algunos, “todas las emergencias aparecen ahora, en el gobierno del presidente Javier Milei”. 

La senadora remarcó la necesidad de actualizar una ley que presenta dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves ya que “La salud mental no puede seguir esperando”.

Sostuvo que el objetivo de la reforma es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.

Por su parte, la ex diputada de la Coalición Cívica y experta en el tema de salud mental, Marcela Campagnoli, afirmó que "una ley más allá de sus buenas intenciones debe medirse también por sus buenos efectos" y la actual norma "significó un avance importante en derechos humanos, pero con los años mostró límites concretos"

"Detrás de cada vacío legal hay familias destruidas, madres agotadas, pacientes que podrían haberse salvado antes si el sistema hubiera llegado antes", advirtió.

Por su parte, Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, expresó su rechazo al proyecto del Gobierno y en particular con el requisito de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en los equipos interdisciplinarios.

 "Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo, la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma", agregó.

El abogado Vadim Mischanchuk, especializado en salud y defensa médica, sostuvo que hay que cambiar la ley actual porque la palabra  ‘inminente' ha dificultado desde 2010 la posibilidad de de internar a una persona y dijo que "esto debe modificarse sí o sí". "La ley vigente ha demonizado los hospitales de salud mental", agregó.

En tanto, la acompañante terapéutica y representante de Madres Territoriales de Chivilcoy, Stella Maris Garaventa, contó que con su organización son "las que van a sostener y apoyar a las mamás de los chicos que están en consumo; en Provincia no hay nada, es todo mentira".

"Esta es una ley asesina porque condena a nuestros hijos al cementerio. Si se habla de estadísticas, están en las lápidas de los cementerios, y con las edades de los chicos que están ahí, y en la superpoblación de las cárceles", agrego y señaló que "la internación involuntaria debe tomarse con un derecho a la vida".

Puntos destacados del proyecto

El proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.

Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra.

Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

Las internaciones no voluntarias solo permitirán en "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación. 

Con información de NA y LNM