50 Años. Nunca Más | ¿Seguimos hablando de democracia?

Ante un nuevo aniversario del 24 de marzo, y junto a una gran parte de la sociedad, nos preguntamos acerca de los aciagos acontecimientos del período 1976-1983 a los fines de evaluar las políticas y relatos que pretenden generar consenso acerca de lo acontecido y con directa vinculación a lo que hoy, en el presente, se quiere implantar como versión hegemónica en materia de derechos humanos.

Por lo pronto, en esta breve pero intensa gestión gubernamental mileísta, los mensajes hacia lo que se oponen son inequívocos, aunque menos clara las doctrinas que proponen. 

En efecto, su oposición se expresa en la voluntad de oscurecimiento de los Sitios de la Memoria, la manipulación del Poder Judicial para mejorar la situación de los represores detenidos y la adhesión al reclamo de “memoria completa”; sin embargo, no logra articular con precisión una política al respecto. 

El 19 de marzo, la mayoría de los bloques del Senado emitieron un comunicado de neta condena al golpe de 1976 y por la continuidad de los juicios, mientras que el bloque de La Libertad Avanza sacó un comunicado aparte con enunciados genéricos y desteñidos. 

Delimitar, identificar la narrativa

Nuestro interés se centra, en principio, en delimitar e identificar la narrativa y política del mileísmo en materia de derechos humanos, lo cual incluye también a cuál se oponen con tanta virulencia de las tantas que se han ido formulando en estos más de 40 años de vigencia democrática. 

Las luchas memorialísticas que no son sino políticas, llevadas a cabo desde la recuperación democrática hasta la fecha, han estado atravesadas por los diversos relatos de las distintas “comunidades mnemónicas” comprometidas, sin dudas, con diferentes visiones e intereses del sentido mismo de la política, de la democracia, de las instituciones y valores que deben regirla. 

Es así, que sucesiva y simultáneamente, han rivalizado la línea programática de la “reivindicación de lo actuado por las FF.AA. frente a la subversión”, la teoría de “los dos demonios”, la de la “reconciliación y olvido” y la que caracterizaba como “Terrorismo de Estado” a la represión ejercida por la dictadura.

Sin dudas, es esta última la que de todas ellas logró convertirse en una memoria fuerte y robusta encarnada en el peronismo durante la denominada “década ganada” apoyándose en la plataforma de los organismos de los derechos humanos.

La nulidad de las leyes de indultos e impunidad (2003), la persecución penal de los genocidas, las políticas de la memoria en el currículum escolar, el día 24 de marzo como feriado nacional, se articulaban en un eje sobre el que dimanaban todas esas medidas: acá no hubo ni guerra civil ni intromisión de ninguna potencia extranjera sino un ejercicio ilegal de la represión y eso es “Terrorismo de Estado” y sus delitos “crímenes de Lesa Humanidad”. 

Este era un núcleo que daba una fuerte y nueva legitimidad a la construcción democrática, convirtiéndose en una suerte de modelo ejemplar de resolución jurídica y política de las atrocidades cometidas por las dictaduras del Cono Sur. 

Este núcleo se ampliaba, sin embargo, en nuevos derechos, reconociendo las demandas de las diferencias, de las diversidades y dirigidos a un florecimiento más pleno de nuestra condición humana, en el sentido étnico, de género, de clase, de naturaleza. 

Democracia popular

Las luchas emprendidas en ese período iban dirigidas no solo a asegurar cierto piso material de equidad social, sino también al acceso a bienes –simbólicos y jurídicos- que atendieran los reclamos de la diversidad. 

La adjetivación de “popular” a la democracia implica, precisamente, la articulación de las diferencias; de un pueblo, un demos en cuyo seno cobija sujetos heterogéneos aunados, empero, por finos hilos de identidad comunes, entre ellos la autodeterminación colectiva en el que se enhebran los proyectos de vida particulares. 

Democracia popular, Estado de Derecho (Social), integración latinoamericana, ciencia e industria eran significantes de un encadenamiento mayor que finalmente cuajaban en un Proyecto Nacional y Popular, tal vez el único que logró articularse en estos 40 años de vida democrática. 

Decimos el único porque expresó la voluntad más enérgica y el de mayor consistencia a la hora de expandir los intereses populares en el marco de una matriz industrialista en alianza con el desarrollo científico-tecnológico, con sus contradicciones y limitaciones indubitables. 

Una parte de nuestras preguntas de más arriba pueden ahora responderse: la miríada de respuestas mileístas, de carácter negativas la mayoría de ellas, es a este paradigma de vara muy alta generado por el peronismo-kirchnerismo y que aún guarda vigencia no solo en la sociedad civil sino en parte de esferas estatales. 

¿Qué valores sostienen los libertarios?

La otra cuestión que nos planteábamos era sobre las definiciones positivas, la caracterización de los derechos humanos, los valores que se destacan como centrales para los libertarios. Sin embargo, consideramos estéril emprender ese camino, ya que este capítulo es menor y carece de importancia para la política de turno.

En efecto, no es esta la cuestión que debe exigirnos nuestras energías sino algo más serio y sustantivo; respecto al proyecto popular aludido, emerge aquí un contraproyecto, un giro contrarrevolucionario inédito en estos 50 años considerados. 

Dejando provisoriamente la nominación técnica apropiada, adoptaremos la noción de neofascismo para referirnos a la concentración desmesurada de riquezas en manos de una oligarquía, la agresión sistemática a las instituciones democráticas con el ánimo de aniquilarlas y el acoplamiento a aventuras belicistas e imperialistas, todas ellas características manifiestas del actual gobierno. 

En conclusión, y si de balance se trata, a propósito de la agenda de derechos humanos y su tramitación por el actual gobierno, consideramos que no debemos ocuparnos más de lo necesario, lo suficiente como para identificarla como parte de un engranaje más global que no es otro que un Proyecto de carácter antidemocrático, aunque sus orígenes sean legales y legítimos. 

Asistimos pues, a la colonización fascistoide del modelo democrático-liberal hoy en un cono de penumbra. Para retomar el planteo inicial, el criterio de evaluación de este mes fuertemente simbólico, ya no es el nivel y calidad de vigencia de los derechos humanos, sino cuánta democracia es sustraída de la misma democracia y cuanto neo-fascismo se agiganta enancado en políticas imperiales y guerreristas.

Se nos podrá imputar de un pesimismo inveterado, pero solo se trata de situar mejor el campo de batalla en que nos encontramos.

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