Emergencia en discapacidad: intiman al Gobierno a cumplir la Ley e informar los avances de su aplicación

El juez Adrián González Charvay le dio al Gobierno cinco días hábiles para que informe sobre el avance de los trámites para las puesta en marcha de la Ley, aprobada y ratificada por el Congreso. El 4 de febrero es la fecha límite para su aplicación plena.
Cabe recordar que en diciembre el juez de Campana había invalidado el decreto a través del cual el Presidente se negaba a otorgar los fondos necesarios para la aplicación plena de la norma. Foto ilustrativa: Bahía de Palma / LNM

El juez federal de Campana Adrián González Charvay ratificó el fallo que había dictado en diciembre y le puso como límite al Gobierno Nacional el 4 de febrero para que entre en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso; cuya aplicación sufre dilaciones por parte de la gestión de Javier Milei.

Además, le dio al Gobierno cinco días hábiles para que informe sobre el avance de los trámites para la puesta en marcha de la norma.

Cabe recordar que en diciembre el juez de Campana había invalidado el decreto a través del cual el Presidente se negaba a otorgar los fondos necesarios para la aplicación plena de la norma.

A propósito de esta noticia, el Foro Permanente de Promoción y Derechos de las personas con discapacidad detalló que bajo apercibimiento de ley el Gobierno está obligado a presentar lo siguiente: "La resolución que actualiza los aranceles a los prestadores desde enero 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; los nuevos valores de las prestaciones; el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, con más de tres meses de demora".

Remarcó el Foro que el 4 de febrero la norma debe estar funcionando: "No en trámite ni en proceso, funcionando".

Y subrayó que el colectivo de la discapacidad sigue "exigiendo cumplimiento efectivo, porque los derechos no se postergan".

"El sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos", expresó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad.

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