El gobierno de Israel pretende expulsar de Gaza a 37 organizaciones que brindan ayuda humanitaria
El Parlamento israelí aprobó este lunes una ley que levanta la inmunidad y acelera la suspensión de las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), que consideran “ilegal”, al atribuirle una implicancia en los ataques del 7 de octubre de 2023, reivindicados por Hamás.
Además, el Gobierno israelí anunció este martes que retirará las licencias de actividad de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”.
Paralelamente, diez países pidieron a Israel que las ONG internacionales y los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puedan operar en la Franja de Gaza, advirtieron sobre el "nuevo deterioro de la situación humanitaria" y pidieron levantar las "restricciones irrazonables" a importaciones fundamentales en Gaza, como las de "equipos médicos y de refugio necesarios con urgencia", que "impiden la rehabilitación de infraestructuras críticas".
"Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresamos nuestra grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica”, indicaron este martes en un comunicado conjunto difundido por el Gobierno francés y citado por DW.
Los Estados denunciaron que, con la llegada del invierno, los civiles en Gaza “se enfrentan a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso” e hicieron hincapié en que 1,3 millones de personas siguen necesitando “apoyo urgente de refugio”.
“El colapso total de las infraestructuras de saneamiento ha dejado a 740.000 personas sometidas a inundaciones tóxicas”, advirtieron los países firmantes de la declaración, que denunciaron que la mayoría de la población gazatí enfrenta “niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda”.
Entre las cuatro medidas que piden al Gobierno de Israel, destacaron que “las ONG internacionales puedan operar en Gaza de forma sostenida y previsible”, pues “corren el riesgo de ser dadas de baja debido a los nuevos requisitos restrictivos del Gobierno de Israel”.
“Esto podría suponer el cierre forzoso de sus operaciones en 60 días en Gaza y Cisjordania, con un impacto grave para los servicios esenciales”.
“Uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará si se detienen estas operaciones”, alertaron.
Los diez países también instaron a Israel a que deje trabajar a la ONU y a sus socios, para que “puedan continuar su labor vital”.
“Esto incluye a la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos), que presta servicios esenciales de salud y educación a millones de refugiados palestinos”, indicaron los firmantes.
Fuente: NA