El gremio de judiciales exigió que continúe la investigación contra Caeiro, acusado de filtrar un examen
Luego de la sentencia que sobreseyó a Eduardo Caeiro, exdefensor público del Poder Judicial acusado de filtrar las preguntas de un examen a cuatro empleadas durante un concurso interno para cubrir vacantes en la Justicia provincial, el gremio de judiciales exigió que continúe la investigación penal contra el exfuncionario.
Este lunes, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) le presentó una nota formal al Fiscal General de la provincia, Juan Manuel Delgado, solicitando que "instruya al Fiscal de Cámara a interponer recurso de casación" y garatice el avance la investigación.
Caeiro está imputado por violación de secreto y pese a que la Justicia admitió el hecho, resultó absuelto, argumentando que no se configura su calidad de funcionario público en su rol de Tribunal Examinador.
El gremio señaló que el fallo es "profundamente contradictorio porque no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso del mismo sistema judicial".
La presentación, firmada por el secretario General Federico Cortelletti, busca que el sobreseimiento sea revisado: "Es contrario al derecho y lesiona tanto los principios de transparencia e igualdad en el sistema de concursos judiciales como la propia credibilidad de la Justicia".
En ese sentido, Cortelletti expresó que "el mensaje es muy dañino, le dice a la sociedad y hacia dentro del poder judicial que un funcionario puede cometer actos indebidos sin tener consecuencias por ello" y agregó: "Esto no ayuda a la credibilidad de la justicia ni fortalece el sistema interno de concursos, sino todo lo contrario".
La causa contra Caeiro comenzó tras una denuncia de Agepj a principios de noviembre de 2024, tras advertir presuntas irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo N° 375/24, destinado a cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
Esa presentación derivó en un sumario administrativo y, posteriormente, en una investigación penal conexa. Lo que culminó con polémica absolución del acusado.
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