"Gravísimo retroceso": UEPC cuestionó el corrimiento del Estado nacional de la discusión paritaria

Junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, repudió la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional en la negociación salarial.

"Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales". - Foto: Ctera.

Junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) repudió la modificación del artículo 10° de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional en la negociación del salario mínimo docente.

"Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo", expresó UEPC.

Asimismo, afirmó que desde su sanción, dicho artículo garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todas las y los docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los sindicatos nacionales.

"Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad", subrayaron críticamente.

Asimismo, analizó que "esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de los y las trabajadores de la educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la educación".

En ese marco, los gremios docentes exigen la derogación inmediata de esta modificación y convocan a las organizaciones sindicales, a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la educación pública y el rol del Estado como "garante de la educación pública y la equidad federal".

 

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