Imputan a Pettovello por malversación: transfirió $14 millones y los alimentos nunca se compraron
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada este viernes por el fiscal federal Franco Picardi en una denuncia por supuestos delitos con una millonaria transferencia de dinero para la compra de alimentos en el marco de un plan de lucha contra el hambre.
La denuncia había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y está a cargo del juez federal Ariel Lijo como subrogante del Juzgado Federal 12 y del fiscal Picardi, informaron fuentes judiciales.
El denunciante pide investigar a la ministra por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El fiscal Picardi impulsó la investigación y solicitó medidas de prueba a raíz de la denuncia que indica que el 8 de febrero pasado Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14 mil millones de pesos al programa de compras de alimentos y esta no se habría concretado.
La transferencia se habría hecho a un programa de Naciones Unidas para la compra de los alimentos, arroz, fideos y leche en polvo, según la denuncia.
Además, se indica que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la intermediación y que la licitación no habría seguido adelante por la adquisición de un millón de unidades de cada producto.
La denuncia
La presentación del abogado y ex funcionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero, indica que “Pettovello autorizó solo con su firma la transferencia de 14 mil millones de pesos al Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
El presupuesto transferido de 14 mil millones de pesos, explica la denuncia, estaba destinado a la compra de un millón de paquetes de leche en polvo entera fortificada de un kilo, un millón de paquetes de arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000 de un kilo y un millón de paquetes de fideos secos de sémola de medio kilo.
Sobre ese monto, “el Programa PNUD implicaba para el Estado un costo de gestión del 3%, o sea 420 millones de pesos, que ya se pagaron”. “El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron”, subraya la presentación.
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