Marcharon en Córdoba bajo la consigna "la discapacidad está en emergencia"

El lunes la ACEM (Asociación Civil Esclerosis Múltiple Córdoba) se movilizó frente al Patio Olmos bajo la consigna "la discapacidad está en emergencia", en sintonía con las distintas protestas que hubo en las principales ciudades del país.

Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, junto al personal de salud y educación que trabaja para su cuidado y contención, se manifestaron por la mañana, en Plaza de Mayo, “para visibilizar la crisis profunda que atraviesan debido a la motosierra” que propuso el presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

Según declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Maive Carone Fernández, miembro de la asamblea ‘Discas en Lucha’, sostuvo que la marcha fue convocada por organizaciones “que aglutinan a prestadores de servicios en salud y educación para la población de personas con discapacitad” porque sus trabajos “son extremadamente precarizados”.

Asimismo, se refirió a las auditorias que les realizan a las personas con discapacidad y las calificó como una “paparruchada”, porque les envían cartas documento a sus titulares para que lleven documentación de “manera presencial”, en tiempos muy cortos; además, deben sacar turnos telefónicos y, una vez obtenidos, dirigirse a sedes que quedan “muy lejos de sus domicilios o que a veces ni siquiera existen”, y una serie de medidas que desemboca en “sacarles la pensión que es el 70% de una jubilación mínima”.

“Es un campaña de desprestigio a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a las personas con discapacidad. Esta gestión genera intriga contra grupos de la sociedad históricamente vulnerados, profundiza su estigmatización y se ausenta cruelmente de sus obligaciones. La persecución es, además, mediática y judicial”, manifestó Carone.

Por otra parte, también se refirió a la polémica vinculada al proyecto de desregulación del "nomenclador de los aranceles del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad" que no llegó a instrumentarse, a partir de la resistencia del sector, como también sucedió con la resolución del Gobierno Nacional “que califica de ‘idiotas’, ‘débiles mentales’ e ‘imbéciles’ a las personas con discapacidad”: “En teoría salieron a disculparse y dijeron que la modificarían pero eso aún no ocurrió”, informó Carone.

Para finalizar, remarcó que, con esta iniciativa, los organismos que nuclean a las personas con discapacidad y al personal que trabajan con ellas, quisieron mostrar cómo el Ejecutivo Nacional “vació” la ANDIS, “desmembró” el entramado territorial del organismo, dejó al colectivo sin políticas públicas que los nucleen,  puso trabas que “impiden” tramitar el Certificado Único de Discapacidad (herramienta fundamental de acceso a derechos y prestaciones), “obstaculizó” el acceso a las pensiones no-contributivas por discapacidad y “cambió los requisitos” para obtenerla.

“La regresión en la perspectiva de abordaje de la discapacidad por parte del Estado Nacional, la contramano de la Constitución y los Tratados Internacionales, y otro montón de cosas, son parte de los reclamos del sector”, concluyó.

Entre las demandas de la protesta que se llevó a cabo en Córdoba, se encuentran demoras en las autorizaciones de tratamientos; autorizaciones de tratamientos retrasadas hasta 6 meses, poniendo en riesgo la salud de usuarios y la continuidad de las instituciones; remuneraciones profesionales sin actualización desde 2022, con pérdidas del 70% frente a la inflación; y colapso del sistema ( 48% de los centros terapéuticos reportan recortes de personal este año). 

"No son números, son historias humanas. Esto no es solo nuestra causa. Cada familia que lucha por terapias, cada niño que necesita un diagnóstico oportuno y cada adulto mayor que requiere acompañamiento es la prioridad”, indicaron desde la ACEM.

Además destacaron datos claves para entender el mapa de la discapacidad bajo las consecuencias del ajuste:  200.000 personas con discapacidad pueden perder sus prestaciones, 150.000 puestos de trabajo están en riesgo; más del 64% de atraso en los valores de los aranceles prestacionales; y el 52,9% de la población está en pobreza, y las personas con discapacidad son las más afectadas.