La represión del 12M cerró la luna de miel del gobierno de Milei

Los acontecimientos del pasado 12 de marzo  –en la tradicional marcha de reclamo de los jubilados-, con la presencia de una masiva cantidad de hinchas de fútbol que acudieron con la única finalidad de que la fuerzas de seguridad no les pegaran a los ancianos, tienen toda la apariencia de estar emparentados con sucesos del tipo que funcionaron en su momento como detonantes de  finales de ciclos políticos. Dichos finales en ocasiones significaron el fin de algunos gobiernos, y en otras una determinación absoluta de algunas administraciones nacionales para acabar con el orden constitucional en pos de sostener la perduración del régimen gubernamental imperante, e imponer un plan económico de ajuste feroz a cualquier precio –a sangre y fuego de ser necesario -. En tal sentido los acontecimientos del 12M han marcado un mojón en cuanto al final de la luna de miel de cierto sector social con la actual administración nacional, o al menos con ciertos aspectos del accionar de esta.

Explosión y/o implosión (social)

Estas dos formas de manifestar una disidencia insoportable con el poder son las que atraviesan a toda crisis socio/política/económica. La primera de ellas es la manifestación en masa en espacios públicos con desmanes que pueden alcanzar ribetes trágicos en grado extremo. Estas “explosiones” se han visto en nuestro país reiteradas veces: la del Cordobazo y la del 2001, son ejemplos notorios (el primero de los terminó el ciclo de una dictadura y el segundo el de un gobierno democrático). El riesgo de las explosiones sociales es que cuando no cuentan con una conducción se dan de modo anárquico y la magnitud del caos que generan no permite saber de qué tipo serán los resultados finales al concluir la misma.  La segunda de las manifestaciones sociales en épocas de crisis (la implosión social) se produce de manera menos espectacular, pero su capacidad de daño en el tejido social suele ser más duradero –a veces perpetuo- e irreparable. En la implosión social el individuo se corrompe moral, espiritual y físicamente. Así muchos de quienes pierden toda esperanza de alcanzar alguna salida comienzan a vincularse con algunas formas del delito –y a ejercerlo-, o con el mundo de los estupefacientes ilegales –para consumo y/o comercialización-, se abandonan los cuidados de la salud y la higiene. En fin se resignan a un tránsito fugaz por la vida tratando de, en ese lapso, alcanzar algún tipo de satisfacción –cualquiera- por más efímera que esta sea. Lo que producen las crisis aludidas es un incremento tremendamente voluminoso en la cantidad de personas que asumen esto como único destino posible. Y, claro está que, este incremento de “implotados” se traduce en una cotidianidad invivible merced al aumento geométrico de los delitos y los crímenes en los núcleos urbanos. En la escena de la Argentina de hoy la implosión social está a la vista de todos. Lo temido en mayor grado es una explosión anárquica. Respecto a esta desconcierta por completo el no saber bien si el gobierno desea -valorando su accionar represivo- evitarla o provocarla.

La carnicería de Pato

El titulo de la clásica canción de Moris hoy pareciera pertinente para asumir la difícil tarea de comprender el modo de razonar y actuar de quien hoy conduce el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia “Pato” Bullrich. La pertinencia –con connotación brutal- del título de la canción aludida surge desde el histórico –y siempre violento- recorrido de la actual ministra por la política argentina y/o su desempeñó en la función pública. Así resulta incomprensible –para una administración que pretenda gobernar democráticamente-  la elección de esta persona como ministra de seguridad habiendo sido ella (Bullrich) alguien que en su tránsito por las organizaciones armadas en la década del 70 – y según declaraciones públicas de Javier Milei-  una mujer que “ponía bombas en jardines de infantes”, y que años después, desde el mismo Ministerio de Seguridad que hoy tiene a su cargo, durante la administración Macri (2015-2019) ,estuviera involucrada varios casos que implicaron las muertes irregulares (por decir lo menos) de algunos ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad –como en los casos Chocobar, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por ejemplo-. A partir de este somero vistazo -a  una parte de la trayectoria de  “Pato”-  la elección para el cargo por parte de un gobierno que ha decidido ser implacable  e impiadoso, para con la ciudanía que le reclama una mínima calidad de vida, no resulta para nada azarosa o casual. Más bien todo lo contrario, da la impresión de que es el tipo de persona inescrupulosa e insensible que el imperativo de la hora -de los funcionarios de LLA y sus mandantes- requiere. Hoy “Pato”celebra por todo lo alto –en cuanta ocasión mediática puede-  el tener las manos desatadas (a diferencia de su paso por la administración Macri) para reprimir a voluntad y discreción,  y el poder liberar un accionar ultra violento y desenfrenado por parte de los integrantes de las fuerzas en contra de los ciudadanos. Tras lo visto en el accionar en el 12M el título de la canción -de Moris- pareciera altamente pertinente para describir el quehacer de la ministra Bullrich: Pato trabaja en una carnicería.

Gobernar contra todos para favorecer a unos pocos

Sin abandonar la figura de la ministra Bullrich pasamos a detenernos en las diversas  -y encadenadas - motivaciones que condujeron al trágico 12M. Los episodios de ese día no nacieron de un repollo, sino que fueron gestándose desde el día cero del gobierno de Milei. Esto es así porque, tal como aconteciera en ciertos períodos de gobiernos –dictatoriales o democráticos-, toda vez que en Argentina se impone un plan de ajuste brutal (y según Mieli este es el mayor de todos en la historia) unas de las víctimas propiciatorias por excelencia son los jubilados. Y en el ajuste actual que comenzó en diciembre de 2024 el ataque contra este sector social de trabajadores pasivos ha sido cruel en extremo. Desde quitarle los medicamentos para aliviar los insufribles dolores que provocan las enfermedades oncológicas, pasando por destrozarles el salario – a cada jubilado, por lo menos, se le sacó más de un millón de pesos del bolsillo desde que llegó Milei-. Sucedió luego que ante el incesante ataque sobre el sector –jubilados- una parte de sus integrantes se organizó para manifestarse marchando hacia el congreso nacional para reclamar por situación desesperada. Ante las reiteradas movilizaciones de los días miércoles la ministra Bullrich no ha tenido mejor idea –nunca tuvo otras- que reiniciar su sempiterno castigo a los adultos mayores. Esta vez castigando sus ya debilitadas integridades físicas. Decimos así porque esta misma mujer, Patricia Bullrich,  siendo Ministra de Trabajo del gobierno de De la Rúa –que también centró el ajuste en los trabajadores pasivos-  convalidó una quita del 13% del salario de los jubilados. A Milei quizás le resultaría conveniente el recordar que el final de aquel gobierno –el de De la Rúa-  se precipitó luego de una cruentísima represión que dejó como saldo decenas de muertos. Y también a la ministra de seguridad le convendría hacer memoria sobre el destino de los funcionarios que comandaron aquella represión criminal. Esto en virtud de que las dos personas que comandaron aquel operativo (el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal en ese momento, Rubén Santos) fueron condenados y debieron pagar con prisión sus crímenes. Dentro de este requerimiento de gobernar contra todo lo que le oponga algún tipo de resistencia -que exige el `plan económico- el gobierno acelera  fondo y embiste desembozadamente contra los cuerpos de diputados y senadores (saltando el paso del congreso para la aprobación del préstamo del FMI, levantando a las piñas una sesión de diputados) y contra los pocos jueces que osan emitir pronunciamientos que no le son de su agrado. Tal fue el caso de la abogada que ordenó la liberación de los detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad el 12M. Esto aconteció con la jueza Andrade, quien inmediatamente luego de ordenar la suelta de los detenidos arbitrariamente fue atacada y amenazada públicamente –en los medios-  por la ministra Bullrich y por el ministro de justicia, Cúneo Libarona –experimentado defensor de  delincuentes caracterizados como “barras bravas”-. Decimos esto ya que él –tal lo informado en Infobae y Clarín-  defendió a  Alan Schelenker y también a Héctor “Jaimito” Heredia (“barras” de River y Racing respectivamente). Como para resaltar lo atinado del accionar de la jueza Andrade vale señalar que el mismo fue halagado hasta por “enemigos naturales” de la juez como -el ex ministro de Macri- Pablo Avelluto. Hoy sobre la juez Andrade –y sobre todos los ciudadanos- pareciera sobrevolar la advertencia que dejó Voltaire al explicar los motivos para exiliarse: “Puede ser  muy peligroso tener razón cuando el estado está totalmente equivocado”.

Consecuencias impredecibles (de los actos represivos anunciados)

Sin alardear al respecto –porque no excede al más básico sentido común el análisis expresado entonces-  hace 7 días atrás se hizo la observación desde este lugar sobre la incapacidad de previsión alguna respecto a las consecuencias que podrían desencadenar algún desmadre en la manifestación del 12M. Del mismo modo no se pueden mensurar previamente acontecimientos y consecuencias de la manifestación del próximo 19M. Lo que sí se sabe son algunos actos reflejos que provocó la represión del 12M en ciertos organismos del quehacer institucional del sistema democrático argentino.  Por un lado la CGT –en repudio a la brutal represión- ha anunciado la realización de un paro general por 24 horas antes del 10 de abril. Al mismo tiempo las dos CTA han declarado su voluntad de marchar para defender a los jubilados junto a ellos el próximo 19M -y también convocaron para la marcha del 24M-. Por otro lado Victoria Villaruel colaboró con la descomposición del gobierno -del cual es la vicepresidenta- saliendo a despegarse (una vez más) de Milei y su gabinete, expresando que no vio en la marcha del 12M ningún intento de golpe de estado sino un:  normal ejercicio de la democracia. Finalmente señalamos que -en virtud del accionar de varios de los funcionarios del poder judicial- nada puede avizorarse claramente sobre qué consecuencias penales (mediatas o inmediatas) acarreará la represión brutal del 12M para los altos funcionarios actuales, ni para los agentes de las fuerzas que han tenido comportamientos brutales –baste recordar que hasta el momento nada ha avanzado en la causa por el gaseo del rostro de Fabricia, una niña de 10 años, en la marcha (en contra de la Reforma Jubilatoria) del 11 de marzo del año pasado-.