Un reportero gráfico fue herido de gravedad en la marcha: está en terapia intensiva con pronóstico crítico
Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante la represión policial en la marcha de los jubilados, salió de cirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico, según informó su padre esta noche en la puerta del Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires.
Los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva. Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.
El fotógrafo sufrió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que le provocó traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La agresión ocurrió en medio de la violenta represión policial contra manifestantes, jubilados y trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso.
La familia de Grillo y organizaciones de derechos humanos denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad y exigieron explicaciones al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Este miércoles, tras el violento desalojo de la marcha que se desarrollaba frente al Congreso, para acompañar a las jubiladas y jubilados que cada miércoles resisten el ajuste y la represión de las fuerzas de seguridad, algunos manifestantes se trasladaron hasta la Plaza de Mayo, donde fueron violentamente agredidos.
Cerca de un centenar de personas fueron detenidas, a lo largo de la jornada de protesta, en la que hinchas de clubes de fútbol se sumaron solidariamente al reclamo de las personas mayores.
Durante la madrugada fueron liberados 94 detenidos. Según confirmaron desde el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la conducción de la jueza Karina Andrade, junto con la Policía de la Ciudad, la decisión se basó en la revisión de los hechos y el respeto a los derechos constitucionales.
La Justicia porteña evaluó la información brindada por la Defensoría Pública, y la magistrada determinó que las detenciones "afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión".
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