Motosierra al Estado: la administración de Milei echó a 37.595 empleados públicos en 2024
La administración de Javier Milei continuó con el ajuste en la estructura estatal y registró una nueva caída en la cantidad de empleados públicos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó en su cuenta de X un gráfico con los datos actualizados del emplel público hasta diciembre de 2024 y sostuvo que la reducción del gasto público es la condición necesaria para bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal.
Según las cifras oficiales, la eliminación de puestos de trabajo en el sector público alcanzó un total de 37.595 empleos en el primer año de gestión de Milei.
La disminución en la dotación de empleados se concentró principalmente en la Administración Pública Nacional (APN), en las empresas estatales y en las Fuerzas Armadas y de seguridad.
La mayor cantidad de desvinculaciones se produjo en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 empleos menos. En el caso de las empresas estatales, el ajuste fue de 12.410 puestos de trabajo, mientras que en el personal de seguridad y militar, la reducción alcanzó 2.883 empleos.
Según estimaciones, tras estos recortes el personal de la Administración Pública bajó de cerca 205.000 a unos 183.000 empleados durante el año pasado. Y la cantidad de empleados de empresas del Estado cayó de cerca de 91.000 a alrededor de 78.000 en el mismo período.
Este recorte se sumó a la primera tanda de datos que la cartera de Sturzenegger había difundido un mes antes, cuando la reducción totalizada hasta noviembre era de 35.916 puestos de trabajo. En aquel momento, el informe oficial indicó que el ajuste representaba una reducción del 7,2% del total de empleados públicos en comparación con la dotación heredada en diciembre de 2023.
El ajuste en los contratos LOyS, que vinculaban a monotributistas con el Estado, fue el más significativo en términos porcentuales. Este tipo de vínculo contractual había sido regulado por un decreto de Mauricio Macri en 2017, que estableció un plazo máximo de 12 meses para estas contrataciones y derogó una normativa previa de Cristina Fernández de Kirchner de 2008.
En la primera evaluación, correspondiente a los datos hasta noviembre, el ministerio había calculado un ahorro de USD 4.012 millones. Este monto se desglosó en USD 2.114 millones por la caída en contratos bajo la Ley Marco, USD 1.306 millones por la reducción de empleos de planta permanente y transitoria, y USD 592 millones por la disminución de los contratos LOyS.
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