La Justicia ordenó al ministro Luis Petri preservar los archivos de la última dictadura
El titular de la cartera de Defensa sufrió este lunes un duro revés en su intento de desmantelar el área de Derechos Humanos. El juez federal Kreplak ordenó “no innovar” en materia de esos archivos, con los que trabaja el Equipo de Relevamiento y Análisis (ERyA).
Revés judicial para los intentos del Gobierno libertario en términos de desmantelar organismos y la cancelar políticas vinculadas a la memoria. El juez federal Ernesto Kreplak, de La Plata, dictó una medida de no innovar, para que la documentación que obra en el Ministerio de Defensa, a propósito del terrorismo de Estado ejercido por la útima dictadura cívico militar, no sea modificada, mudada o cambiada.
Según publicó Página 12. la decisión judicial le ordena al ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura. En la cartera de Petri se ejecutaba una normativa de desguace de los archivos reunidos en los últimos 14 años en el marco de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Se dispone el impedimento de “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado”. Eso incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que empezaron a ser desmantelados.
El área desguazada era coordinada por la entrerriana Vanina Agostini, de Concepción del Uruguay, licenciada en Comunicación Social, egresada de la UBA, nombrada al frente de ERyA en 2011. En el marco del desguace, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores que desarrollaban tareas en la repartición, indicó a su vez el medio Página Política.
La resolución de Kreplak se funda en que “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de la pesquisa”.
La medida había sido solicitada el viernes por el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, que intervienen en la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos.
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