Este viernes, unas dos mil personas se movilizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre la Plaza de Mayo y el Congreso, en el marco de la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica para travestis y trans.

Con la presencia de un desmesurado y agresivo "corset antipiquete" de la Policía Federal, la movilización denunció el recrudecimiento de la violencia institucional contra este colectivo desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada; expresado en discursos y acciones de odio, el desfinanciamiento de programas públicos y en el despido de agentes estatales amparados por el cupo laboral consagrado, tras décadas de lucha social, en la Ley 27.636 (Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán-Lohana Berkins").

La manifestación que reunió a personas travestis y trans y, en menor medida, a otros colectivos LGBTIQ+ renovó un reclamo que desde hace décadas enarbolan las primeras: que el Estado nacional reconozca y repare la persecución, encarcelamiento, asesinato y abandono del que fueron víctimas, en manos de las fuerzas policiales y militares, durante el terrorismo de Estado y, recuperada la democracia, hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género Nº 26.743, en 2012.

Patricia Alexandra Rivas, representante del grupo de las travestis históricas autoconvocadas y una de las sobrevivientes de la dictadura cívico militar que permanecen vivas, fue quien leyó el primer tramo de la proclama que exigió al Estado nacional “el respeto al estatus de humanidad y al estatus jurídico, secuestrado por la supremacía heterosexual que concibe los derechos humanos como otro de sus privilegios”.

“Vinimos a honrar la memoria de nuestras propias muertas y muertos y de nuestras propias vidas. Tomamos el espacio público para decirles que la historia que cuentan será reescrita con la memoria de nuestros cuerpos”, enfatizó Rivas, quien en representación de 90 organizaciones travestis, trans y no binaries de todo el país exigió “la reparación por los crímenes cometidos, la persecución policial, la violencia sistemática, el abuso infantil, la exclusión, la muerte, los discursos de odio, los prejuicios y fundamentalismos religiosos que estigmatizan, criminalizan y patologizan nuestras identidades desde nuestra niñez hasta que nos matan”.

Quienes tomaron la palabra denunciaron la profundización del empobrecimiento que afecta al colectivo travesti trans a partir de la aplicación del ajuste neoliberal puesto en práctica por La Libertad Avanza. 

Una hora antes, cuando las y los manifestantes se dispusieron a dejar Plaza de Mayo para encaminarse por Avenida de Mayo rumbo al Congreso Nacional, cientos de policías federales -muchos de ellos pertrechados con armas largas- cargaron contra ellas y ellos y, tras algunas refriegas, las y los obligaron a marchar por la vereda. “¡Hay un tortón en el cordón! ¡Hay un maricón en el cordón! ¡Que levante la mano la marica yuta!”, les enrostraban algunos de los manifestantes a las decenas de uniformados abroquelados en una fila de una cuadra de largo para impedir cualquier atisbo de ocupación de la tradicional arteria porteña.

“No nos conformamos con la limosna cis heterosexual. Los derechos de las travestis y trans también son derechos humanos”, apuntó a su turno y como parte de la proclama Marlene Wayar, una de las referentes del colectivo, quien denunció “el daño material e inmaterial” que este sufrió por parte de la Nación y las provincias, así como “el genocidio y crímenes de lesa humanidad” del que fue víctima. También peticionó que “el Estado establezca mecanismos de consulta y diálogo con representantes de la comunidad travesti para comprender sus necesidades, preocupaciones y demandas específicas”.

Como parte de las políticas reparatorias, Wayar reclamó la identificación de víctimas, de los perpetradores de crímenes y de los lugares donde fue ejercido el terrorismo de Estado y la violencia institucional contra travestis y trans.

“Para el común de la gente, la dictadura cívico militar terminó en 1983. En cambio, para nosotras terminó en 2012, cuando fue sancionada la Ley de Identidad de Género. Por eso, las sobrevivientes reclamamos que sea reconocido y reparado el daño que el Estado ejerció contra nosotras”, dijo a Somos Télam Rivas un rato antes de que se subiera al escenario a leer el documento de las organizaciones impulsoras de la Segunda Marcha Plurinacional por la Reparación Histórica.