Discapacidad: marcharán en Córdoba para visibilizar la "emergencia" que atraviesa el sector

Este martes, desde las 17, personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba concentrarán en Colón y General Paz para llevar adelante una clase pública y marchar hasta la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La convocatoria parte desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y cuenta con el apoyo de diversas entidades. Foto ilustrativa

Este martes, desde las 17, personas con discapacidad, familias, prestadores e instituciones de Córdoba concentrarán en Colón y General Paz para llevar adelante una clase pública y posteriormente marchar hasta la sede local de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ubicada en 9 de julio 360, para visibilizar el "estado de emergencia" que atraviesa al sector.

La convocatoria parte desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y cuenta con el apoyo del Colegio de Psicólogos, el Colegio de Psicopedagogos y la Federación Converger, entre otras entidades.

Las consignas principales demandan "la declaración de emergencia en discapacidad", rechazan el "decreto que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales" y denuncian que "un sistema que precariza, excluye".

"Necesitamos poner en agenda más que nunca al Colectivo de Personas con Discapacidad y sus prestadores que está en estado de EMERGENCIA", expresan en un documento que se hizo público.

Remarcan a continuación que "al recorte que significa la desidia en que se tratan los aumentos en las prestaciones para personas con discapacidad, a la ola de despidos, a los recortes de pensiones, a los discursos de odio y violencia simbólica, hoy se suma la angustia que genera en el colectivo el proyecto de decreto que apunta a desregular el sistema de prestaciones".

Detallan que "al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (Pami, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad; por ende, peores condiciones de cobertura para afiliados/as/es y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional".

Agregan que se le suma a esto, que se partirá desde una desigualdad estructural entre Pami, Incluir Salud u Obras sociales sindicales y prepagas.

"Sabemos que el acuerdo entre partes desprotege a las personas más vulnerables y a los/as/es trabajadores independientes. Por otro lado, deja en manos de cada financiador establecer sus valores de las prestaciones del nomenclador", enfatizan.

"Lamentablemente algunos sectores han planteado que ven a la Discapacidad como un gasto y consideramos un riesgo dejar librado a su gestión los fondos que garantizan la cobertura prestacional y principal fuente de trabajo de miles de profesionales de todo el país", alertan.

Asimismo, advierten que "esto se suma a que los valores de los aranceles no se correlacionan con los procesos inflacionarios de los últimos tiempos, a la naturalización de los pagos diferidos y los grandes obstáculos burocráticos que ponen muchos financiadores a la hora de brindar coberturas y aprobar prestaciones".

La situación descripta previamente, subrayan, tendrá graves consecuencias para personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, transportistas e instituciones prestadoras". En virtud de ello, convocan a todo el sector a "implicarse, a hacerse eco y habitar cada expresión de lucha en el marco de la declaración de Emergencia en discapacidad".

Y convocan también al resto de la comunidad, apuntando que "la emergencia en discapacidad no es una cuestión solo de quienes somos parte, es una responsabilidad de todo el conjunto social y solo así podremos hablar de una sociedad inclusiva que garantice la convivencia".

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