Parques Nacionales realizan un paro contra los despidos: hay 1.100 trabajadores en riesgo
En el marco del ajuste a las distintas áreas del Estado, con vaciamiento en secciones claves, este jueves guardaparques, brigadistas y demás trabajadores de Parques Nacionales, realizan un paro en contra de los despidos que ponen en riesgo el cuidado de las 55 áreas protegidas en el país.
En Córdoba, la concentración fue en Traslasierra, en la plaza central de Mina Clavero. Allí se convocaron las y los trabajadores de los tres parques nacionales de la provincias: Traslasierra, Quebrada del Condorito y Ansenuza. Además, se sumaron empleados de las áreas que aportan al funcionamiento de los mismos como los técnicos de la Delegación Regional Centro, el Centro de Formación y Capacitación, personal del Conicet INTA de Villa Dolores y trabajadores del Parque Isla de Santa Fe.
“Queremos que la gente sepa lo que pasa, sobre todos los vecinos de Traslasierra, Punilla, Calamuchita, que estén al tanto de cómo viene la mano y sean parte de la lucha”, indicaron los trabajadores y además, prevén replicar este plan de lucha en Carlos Paz y Córdoba Capital.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se mantiene en alerta desde el año pasado, indicaron que en “Parques Nacionales no sobra nadie”, y exigen la continuidad de todo el personal que es esencial para la conservación de los ambientes naturales.
La medida de fuerza se extienden en todo el país y contará con movilizaciones y acciones de visibilización: “Reclamamos contra los despidos, contra la baja de los contratos, queremos la continuidad laboral y por supuesto, seguimos exigiendo el pase a planta permanente de absolutamente todo el personal que se desempeña en Parques Nacionales”, indicó a La Nueva Mañana, el guardaparque Gabriel Brizuela que trabaja en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, y además es delegado de ATE en Córdoba.
“Hace 17 años que trabajo en esto y ya hemos vistos otras situaciones similares. La gente acá atraviesa mucha angustia, tiene la incertidumbre si podrá o no tener tener su fuente de trabajo, pero aún así siguen trabajando, lo dan todo”, explica Brizuela y agrega que a la situación, se suma “el congelamiento del presupuestario que afecta la implementación de los planes de trabajo previstos -que sigue siendo el de 2023 pese a la escalada inflacionaria, tal como le pasó a otras áreas como Conicet y las universidades públicas-, y también la precarización de los salarios”.
“Estamos con tres cuartas partes del personal con sueldos abajo de la línea de pobreza y en muchos casos, se acercan más a la línea de la indigencia”, ilustra Brizuela y cuenta que son 1.100 trabajadores y trabajadoras de los parques nacionales, es decir, el 50% de la planta total del país, los que pueden perder su fuente laboral cuando el 31 de marzo se caigan los contratos precarizados, que se renuevan cada tres meses, y que por disposición del DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado, no van a ser renovados.
En Argentina, hay solo 2.200 trabajadores destinados a la protección de los ecosistema de todo el país, por lo que se calcula que hay un trabajador cada 8.000 hectáreas: “Los parques nacionales de Argentina tienen una dotación muy pobre para los millones y millones de hectáreas en kilómetros cuadrados que abarcan, dejarlos sin personal es desproteger la biodiversidad del patrimonio ambiental”, puntualiza Brizuela.
Los reclamos que motivan la protesta
• La convocatoria al paro es en defensa de cada uno de los puestos de trabajo de la Administración de Parques Nacionales. Rechazan el Decreto Nº 84/23 y el DNU Nº 70/23 y exigen la continuidad laboral de todos/as los/as trabajadores/as de la Administración de Parques Nacionales.
• Piden por el pase a Planta Permanente y Estabilidad Laboral para todos/as los/as
trabajadores/as.
• Reclaman la urgente reapertura de las paritarias sectoriales de Brigadistas y Guardaparques y un aumento salarial que supere la inflación.
• Por la defensa del ambiente.
• Por el cese de las políticas de ajuste.
• Por la reincorporación inmediata de todos las/les y los trabajadores despedidos de otros organismos.
• Además, piden la anulación del protocolo anti-movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades. Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los/as trabajadores/as estatales.
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