Designaron formalmente al cordobés Daniel Tillard, al frente del Banco Nación

Hasta hace dos semanas, y desde 2015, Tillard se desempeñaba como titular del Banco de la Provincia de Córdoba. En el Estado nacional, participó en las gestiones presidenciales de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
Tillard tiene una trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero público y privado. Foto: gentileza

A través de los decretos 109/2023, 110/2023 y 114/2023, y la Resolución 5/2023, el Gobierno nacional designó este viernes a los nuevos titulares del Banco Nación, Enargas y la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, así como al representante en el Mercado Central.

Al frente del Banco Nación asume el cordobés Daniel Tillard, quien hasta hace dos semanas y desde 2015 se desempeñaba como titular del Banco de la Provincia de Córdoba. Lo secunda Darío Wasserman. Reemplazan a Silvina Batakis y el también cordobés Carlos Caserio, quienes presentaron sendas denuncias el 1° de diciembre, en el marco de la transición presidencial.

Tillard es, junto con el flamante titular de la Anses, Osvaldo Giordano, otro de los funcionarios que se incorporan al gabinete de Javier Milei, tras ocupar roles de importancia en el elenco político del ex gobernador Juan Schiaretti.

La experiencia de Tillard

Con una trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero público y privado, el economista recibido en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue director en el Banco Provincia entre 2007 y 2015 –bajo las presidencias del actual ministro del Interior, Guillermo Francos y de Gustavo Marangoni- y titular de la filial Provincia Bursátil y de Red Link en ese mismo período.

En el Estado Nacional fue asesor en la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Economía entre 1991 y 1996, durante la presidencia de Carlos Menem, y subsecretario de Normalización Patrimonial en 2001, en la administración de Fernando de la Rúa, en un área que se encargaba de los activos residuales estatales.

Del mismo modo fue liquidador de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) e interventor del Instituto de Servicios Sociales Bancarios.

Wasseman, en tanto, fue titular del fondo Garantizar durante la administración del ex presidente Mauricio Macri

Los otros nombramientos

El Gobierno, por otra parte, designó a Fabián Miguelez como representante en el directorio de la Corporación del Mercado Central, compuesto también por representantes de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

Miguelez ya había ocupado ese cargo durante la presidencia de Macri entre 2016 y 2018, esgrimiendo motivos de salud en su renuncia.

En el caso de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, anteriormente a cargo de José Ignacio de Mendiguren, el Ministerio de Economía nombró al abogado Juan Alberto Pazo, ex superintendente de Seguros de la Nación entre 2017 y 2019 durante el gobierno de Macri, área en el cual respondía al entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Pazo, con dos décadas de experiencia en estudios jurídicos, también fue secretario general ejecutivo en la Unidad de Información Financiera (UIF).

Tras pasar por el Estado, Pazo fue CEO del Grupo Alas (Rapsodia, Caro Cuore, Baby Cottons), conglomerado textil del empresario Francisco de Narváez.

Por último, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, nombró al ingeniero químico Carlos Casares como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), sustituyendo a Osvaldo Pitrau.

Consultor independiente en temas energéticos, Casares fue director en el ente entre agosto de 2017 y julio de 2020, subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles en 2019 bajo la gestión Macri, y una expendía de más de 20 años en la firma Tecpetrol donde estuvo a cargo de diversas gerencias de ventas y comercialización de gas.

Además, se desempeñó como docente de grado y postgrado en el ITBA, la Universidad Austral y en la Universidad de Buenos Aires.

Al igual que el nuevo interventor del ENRE, Darío Arrué, Casares deberá avanzar en la “determinación de una tarifa transitoria”, mientras ejecuta un proceso de revisión tarifaria de la energía que sea “justa y razonable”, según señalan los considerandos.

Fuente: Télam

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